El Gobierno estudia gravar en el IRPF las indemnizaciones por despido

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La reforma de la contratación, y más concretamente el coste del despido, es uno de los grandes escollos que están bloqueando el acuerdo de los agentes sociales sobre la reforma del mercado de trabajo. Por eso, y con independencia de las negociaciones entre patronal y sindicatos, el Gobierno está estudiando gravar en la declaración del IRPF las indemnizaciones por despido, que ahora están exentas de tributación.

De acuerdo con el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la obligación de declarar en el impuesto sobre la renta se aplicaría a alas indemnizaciones con una retribución de 45 días por año trabajado, pero dejando exentos los 20 días primeros. De esta forma, los trabajadores podrían optar por percibir una indemnización de 20 días por año sin pagar impuestos o de 45 días tributando en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al tipo máximo.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimió, en enero de 2010 la tributación para los despidos que se producían como consecuencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para acabar con la discriminación existente entre los trabajadores que cesaban en su empleo a través de este mecanismo y los que lo hacían de forma individual, por despido improcedente, que estaban exentos de declarar la indemnización percibida en el IRPF.

La propuesta que ahora estudia el Gobierno afectaría por igual a todos los despidos, sean individuales o a través de ERE, acogidos a la indemnización de 45 días por año trabajado y la tributación se aplicaría sobre los 25 días que exceden de la indemnización legal de 20 días aplicable a los despidos procedentes por causas objetivas.

En medios próximos al equipo económico del Ejecutivo popular se considera que esta propuesta ayudaría a desincentivar el cobro de indemnizaciones de 45 días o superiores e incrementaría la recaudación fiscal, especialmente en el caso de las indemnizaciones de directivos y sueldos muy elevados.

Mientras, los agentes sociales mantienen su agenda de negociaciones de cara a llegar a un acuerdo de reforma laboral lo más amplio posible antes del próximo día 15 de enero.

Una negociación en la que existe ya un principio de acuerdo en materia de arbitraje para evitar la ultraactividad de los convenios, mutuas y absentismo, formación y traslado de festivos, pero en la que la persiste el desacuerdo en la generalización del contrato indefinido con 20 días de indemnización por año trabajado y un máximo de doce meses. Contrato que CCOO y UGT estarían dispuestos a aceptar sólo para las nuevas contrataciones y sin carácter retroactivo. A este respecto, la patronal CEOE ha puesto sobre la mesa una fórmula mixta, por la que a los contratos en vigor se les aplicaría una indemnización de 45 días por año, en los términos actuales, pero sólo computando el tiempo transcurrido entre la fecha del contrato y la entrada en vigor de la nueva normativa.

A partir de esa y durante el tiempo que transcurra hasta la extinción del contrato por despido se les aplicarán los 20 días correspondientes.

La fórmula de la patronal no ha sido bien recibida por los sindicatos, por lo que CEOE estudia ahora presentar una propuesta de generalización de un contrato con 33 días de indemnización.

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