La Agencia Tributaria ultima el informe sobre la ‘telaraña de empresas’ de los Botín

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Emilio Botín, presidente del Banco Santander (EFE)

Nueve meses ha necesitado la Agencia Tributaria para estudiar la telaraña de empresas y titularidades de la familia Botín. En los próximos días, los dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes entregarán sus informes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien debe decidir si imputa al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a su hermano Jaime y a los hijos de cada uno de ellos, por un presunto delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra los banqueros al no poder comprobar fehacientemente si habían regularizado correctamente los fondos que tenían ingresados en el HSBC Private Bank Suisse desde tiempos de la Guerra Civil cuando su padre, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, fue destituido de sus cargos en la entidad financiera, que había sido intervenida.

La Agencia Tributaria española descubrió la existencia de esos fondos el 24 de mayo de 2010, al recibir diversa información procedente de las autoridades francesas de clientes españoles del HSBC Private Bank Suisse que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009. Esta información surgió después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico.

Fuentes jurídicas explican que la labor de los peritos para analizar todos los fondos de la familia Botín “ha sido terriblemente compleja”, al ser muchas las sociedades de su propiedad y con muchos titulares diferentes, lo que ha complicado todavía más la investigación.

Después de nueve meses, la investigación de la Agencia Tributaria está a punto de concluir. Los asesores fiscales de la familia Botín han estado en continuo contacto con los peritos para facilitarles la información necesaria. Los banqueros aseguran que su situación está regularizada, de ahí que la semana pasada el presidente del Banco Santander se pronunciara en el sentido de que esperaba que la causa se “archive pronto”.

Por sus declaraciones, Botín parece estar convencido de que sus cuentas están claras, aunque todavía no hay nada decidido. Andreu no va a tomar una decisión sobre su imputación hasta no tener el informe en sus manos. La llave la tiene la Agencia Tributaria, que debe decidir si la situación fiscal de la familia de los banqueros está regularizada.

Si el informe de la Agencia Tributaria es negativo, las consecuencias paraJaime Botín serán especialmente graves. La Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha sancionado por una falta muy grave por no difundir que era dueño de un 7,65% adicional de Bankinter, participación que había que sumar al 16% que sí había hecho público. Ante esta situación, el órgano regulador propuso al Gobierno su inhabilitación, que finalmente ha decidido posponerlo hasta que la Audiencia Nacional resuelva la causa de las cuentas de Suiza.

Airoso de todas las causas judiciales

El nombre de Botín ha aparecido recurrentemente en causas judiciales, aunque hasta día de hoy ha salido airoso de todas ellas. Una de las últimas decisiones del anterior Ejecutivo fue indultar a su número dos, Alfredo Sáenz, después de que el Tribunal Supremo le condenase a tres meses de cárcel y la inhabilitación profesional por presentar una denuncia falsa a sabiendas hace 16 años cuando era presidente de Banesto.

El principal banquero español también ha conseguido recientemente que el Alto tribunal archivara la investigación por pagar unos cursos de la Universidad de Nueva York al que fuera juez de la Audiencia NacionalBaltasar Garzón cuando éste tenía abierta una investigación contra él.

Además, la Audiencia Nacional le ha sentado en dos ocasiones en el banquillo de los acusados. La primera en 2005, por las jubilaciones millonarias del excopresidente del BSCH, José María Amusátegui, y el exvicepresidente,Ángel Corcóstegui, de 47,75 millones y 108 millones, respectivamente. El órgano judicial les absolvió al entender que no había pruebas de que hubiese cometido delitos de apropiación indebida y administración desleal.

También se salvó del juicio por las cesiones de crédito. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió en 2006, tras sentarle en el banquillo, no continuar el juicio, acusado de haber provocado un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. El tribunal estimó que la vista oral no podía seguir adelante sin la acusación de la Fiscalía porque el ejercicio de la acusación popular debe estar limitado “en cuanto a su alcance, extensión y contenido”. La juez que instruyó el caso, Teresa Palacios, acusó a Botín y otros tres directivos del Santander de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.

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