Las sicav (sociedades de inversión de capital variable) están lejos de cumplir su cometido de servir como instituciones de inversión colectiva. Lejos de ello, casi 2.500 sociedades de las 3.250 que hay en España, un 82%, tiene apenas entre 100 y 150 accionistas, la zona de mínimo legal exigido por la CNMV, según datos del propio regulador. A esto se suma la polémica figura de los mariachis, que ha rodeado históricamente a las sicav.
Lejos de ello, casi 2.500 sociedades de las 3.250 que hay en España, un 82%, tiene apenas entre 100 y 150 accionistas, la zona de mínimo legal exigido por la CNMV, según datos del propio regulador.
A esto se suma la polémica figura de los mariachis, que ha rodeado históricamente a las sicav. Son testaferros o propios empleados de las gestoras que ayudan a completar el mínimo de accionistas exigido, pero que en ningún caso poseen parte de la sociedad. Para muchos, una trampa legal que el Gobierno permite sin excepción.
De hecho, seis de las diez mayores sociedades de inversión española cuentan con un accionista que copa más del 75% del capital de la sicav. Son Alicia Koplowitz (Morinvest), la familia Del Pino (Allocation y Chart Inversiones), Rosalía Mera (Soandres de Activos), Amancio Ortega (Keblar de Inversiones) y la entidad Caixa Terrasa (Caixa Terrassa RF Mixta). En total, estos seis inversores gestionan más de 1.500 millones de euros a través de las citadas sociedades.
Fondos frente a sicav
El caso de las sicav contrasta con los fondos de inversión, las otras instituciones de inversión colectiva. El 43% de estos productos tiene más de 1.000 partícipes y el 35% entre 200 y 1.000. Tan sólo dos de cada diez fondos tiene menos de 200 partícipes, en muchas ocasiones por las fugas patrimoniales que sufren estos productos en los últimos años.
Para muchos expertos, la situación actual de las sicav tolera que grandes fortunas se beneficien del régimen fiscal favorable de estas sociedades, cuando lo usan para su único interés en lugar de como instrumentos de ahorro colectivo.
Desde Gestha, la asociación de los técnicos del Ministerio de Hacienda, han solicitado límites accionariales para que estas sociedades no acaben siendo vehículos con ventajas fiscales para un sólo accionista. “No nos parece justa la tributación de las sicav”.
Se está produciendo un abuso de ley. Las sicav se crearon para contar con al menos cien accionistas, y al final están siendo controladas por uno sólo, según aseguró hace unos meses Jesús Montero, consejero de Gestha.
Polémica
La Agencia Tributaria ha sido uno de los organismos más beligerantes con las sicav en los últimos años. Llegó a enfrentarse con la CNMV por el control fiscal de estas instituciones de inversión, hasta que en 2005 Economía decidió dejar la supervisión de estas sociedades al regulador de los mercados españoles.
Las sicav han estado en el punto de vista fiscal en el último año. El Gobierno se ha planteado en este tiempo la posibilidad de elevar la tributación de estos instrumentos de inversión, punto que ha desechado por el momento pero que podría retomar de cara al nuevo impuesto para las grandes fortunas que anunciará después de verano.
Los expertos consideran que una medida de este cariz provocaría una fuga masiva de sicav a otros países como Luxemburgo, donde el Impuesto de Sociedades es casi nulo, frente al 1% que pagan actualmente las sicav en España. El País Vasco ya siguió este camino con la consecuente huida de sociedades, en su mayoría a Madrid.
150 sociedades no llegan a los cien accionistas
Casi 150 sicav españolas, un 5% del total, están en una situación complicada al disponer de menos de cien accionistas. La regulación exige que estas sociedades de inversión tengan al menos cien socios, 2,4 millones de euros de patrimonio y dispongan de autorización de la CNMV. En el caso de que tengan menos de cien accionistas, las sicav cuentan con un año para recuperar el número mínimo de socios para que el regulador no decida revocar su licencia y hacer perder sus ventajas fiscales: pasarían de pagar el 1% por Sociedades al gravamen al que lo hacen el resto de entidades.
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