Uno de los dogmas neoliberales que se reproducen con más frecuencia en los círculos empresariales y financieros (y ahora –con la reforma aprobada por el Gobierno Zapatero– en los círculos políticos dominantes) es el de atribuir el elevado desempleo en España a supuestas rigideces del mercado de trabajo, consecuencia de un excesivo poder de los sindicatos. Esta postura se promueve en los medios de mayor difusión y se ha convertido en la sabiduría convencional del país. De esta interpretación de las causas del desempleo se concluye que la intervención más eficaz para resolverlo consiste en desregular los mercados laborales, diluyendo el papel de los sindicatos en los convenios colectivos y facilitando el despido de los trabajadores.
Lo que es sorprendente es que esta explicación del elevado desempleo se promueva en los medios de información, cuando la evidencia empírica existente la cuestiona ampliamente. En realidad, tal evidencia forzó a la OCDE (institución neoliberal que promovió esta teoría) a desautorizar su famoso informe Jobs Study Report del año 2004, donde se proponía la desregulación de los mercados de trabajo como la medida más eficaz para reducir el desempleo. En aquel informe se decía que la dificultad en despedir a los trabajadores con contrato fijo (los llamaba los insiders) hacía que los empresarios fuesen reacios a contratar a los que no tenían trabajo (los llamados outsiders).
La evidencia, repito, no avala tal teoría. En primer lugar, no hay que confundir (lo cual ocurre constantemente) la tasa de desempleo con la tasa de crecimiento del desempleo. Son dos indicadores distintos. La primera es elevada, en general, cuando no hay suficientes puestos de trabajo disponibles para la gente que quiere trabajar. Y esto es lo que ha ocurrido desde hace bastante tiempo y explica por qué siempre España, incluso en tiempos de bonanza económica, tiene un elevado desempleo. Y una de las mayores causas de la falta de puestos de trabajo es el escaso desarrollo del sector público y, muy en particular, de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, vivienda social y otros servicios. Si España tuviera el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios (hoy es el 9%) que tiene Suecia (25%), tendría más de cinco millones de puestos de trabajo más de los que tiene ahora, cifra que es superior, por cierto, al número de desempleados que tiene ahora España, con lo cual el desempleo no existiría. Tales puestos de trabajo podrían financiarse con los 200.000 millones de euros más de los que recibe el Estado español (tanto central como autonómico y municipal) si este tuviera la política fiscal que tiene Suecia.
El problema, pues, no es económico, sino político, y ello aparece con toda claridad cuando analizamos quién paga impuestos en España. La gran mayoría de impuestos procede de las rentas del trabajo. La población que está en nómina paga, en general, unos impuestos que proporcionalmente son semejantes a los impuestos de sus homólogos en la UE-15, y sólo ligeramente inferiores a los que pagan sus homólogos en Suecia. El trabajador de Seat, por ejemplo, paga en impuestos el 75% de lo que paga el trabajador de Volvo. Quienes no pagan son las rentas superiores. Los ricos y los grupos fácticos (banca y gran patronal) españoles pagan en impuestos sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia. El enorme poder político y mediático de estos últimos da lugar a las políticas fiscales regresivas que explican, en parte, los bajos ingresos al Estado y la escasa creación de empleo público. Es necesario y urgente aumentar los impuestos y su progresividad creando empleo (y reduciendo el déficit social de España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15).
Como decía, la tasa de desempleo es un indicador distinto a la tasa de aumento del desempleo. Los países, junto con España, que han tenido mayor crecimiento del desempleo durante la crisis han sido EEUU e Irlanda. España ha tenido de 2007 a 2009 un crecimiento de 12 puntos en su desempleo; Irlanda de 9,7 puntos y EEUU de 4,7 puntos. Y EEUU e Irlanda son los países que tienen mayor desregulación del mercado de trabajo. En ellos, el empresario puede despedir con toda facilidad y los sindicatos son muy débiles. El único país de la OCDE que ha visto continuar el descenso de su desempleo ha sido Alemania, y ello a pesar de que tuvo uno de los colapsos económicos más marcados de su PIB durante la crisis, el cual cayó en picado un 4,7% (mucho más que EEUU, un 2,7% del PIB, y que España, un 3,7%) como consecuencia de la disminución de sus exportaciones, resultado de la recesión mundial. Y Alemania es uno de los países que tienen los mercados laborales más regulados y unos sindicatos más fuertes. En realidad, la cogestión empresarial, con los trabajadores y sus sindicatos representados en los comités de dirección de las empresas, explica que estas, al ver disminuir las demandas de sus bienes y servicios, hayan escogido reducir el tiempo de trabajo de cada trabajador en lugar de despedirlos. En España, sin embargo, el empresario despide, lo cual no sólo tiene un coste humano y social, sino un coste económico, pues el trabajador a largo plazo pierde conocimientos y facultades que necesitará más tarde para emplearlo de nuevo.
Facilitar el despido en tiempos de recesión aumenta el desempleo, pues el empresario se adapta a la reducción de la demanda disminuyendo su fuerza de trabajo. Esto es lo que está pasando en España. Y las políticas públicas (de clara sensibilidad neoliberal) que se están aprobando por el Estado lo están facilitando.
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