Muy chistosa la duquesa octogenaria con su boda, con su novio y con su arte bailando por sevillanas. Pero tiene poca gracia que en el siglo XXI la mayor terrateniente del país siga siendo la titular de la casa de Alba: una familia feudal que es la más grande de España desde los tiempos de la reconquista. ¿Qué tipo de sociedad permite que el reparto del botín de las guerras medievales sea, seis siglos después, uno de los factores económicos más determinantes? ¿Cómo es posible que Andalucía y Extremadura aún padezcan una ineficaz estructura agraria latifundista, hija de las victorias castellanas frente a Al Andalus y madre del subdesarrollo histórico que arrastra el sur de España?
La duquesa de Alba no sólo es la principal terrateniente patria, con 32.000 hectáreas. También está entre los que más subvenciones agrícolas cobran de los fondos europeos. Sin embargo, el principal debate político sobre los problemas del campo en esta campaña electoral no están siendo ni los latifundios ni estas indignantes subvenciones a los grandes terratenientes. El problema, al parecer, son los subsidios que cobran los jornaleros, que es la palabra española para definir a esa misma clase social que en Brasil llaman los “sin tierra”. Aquí también los tenemos, son varios cientos de miles, y hay un político catalán, llamado Duran i Lleida, que duerme cada noche en el Hotel Palace pero critica a esos jornaleros que cobran el PER y “se pasan la mañana en el bar”. Duran olvida dos cosas. La primera, que ese subsidio es una mínima ayuda por desempleo, no un sueldazo. La segunda, que el PER es injusto no por el subsidio en sí, que es miserable, sino porque sólo es una aspirina contra el cáncer: un pequeño paliativo para una enfermedad infinitamente más grave.
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