Carlos y Raimundo, dos de los docentes afectados por los recortes.Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Humboldt de Berlín, con más de diez años de experiencia docente, otra década dedicada casi en exclusiva a la investigación y ocho idiomas busca trabajo. Requisito: poder abrazar el mileurismo. Si se decantara por la opción del anuncio por palabras, cuando expire su contrato, allá por el mes de marzo, Raimundo Viejo bien podría ofertarse de esta guisa. No faltaría ni en una coma a la verdad, el currículo no lo requiere, y su mínima exigencia ya superaría sus actuales condiciones salariales.
A sus 42 años, este profesor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) -la española mejor colocada en la edición de 2011-2012 del ránking de referencia Times Higher Education (THE)- se ha visto empujado a pasar el mes con cerca de 700 euros: un 44% menos que hace un año y aproximadamente un 60% menos que hace dos. Su remuneración nace de las 84 horas trimestrales de docencia que imparte a unos 200 estudiantes. "Pero fuera de dichas horas, que son las que nos pagan, no las que trabajamos, quedan la preparación de las clases, las tutorías y la correción de trabajos, labores que ha multiplicado el plan Bolonia", defiende. "Es todo ficticio ya que, de facto, son más de 40 horas semanales", abunda, y revela que está entre los que más cobra dentro de su categoría contractual.
Pertenecer al eslabón más débil de la cadena universitaria en nada ha favorecido a este docente pues, junto con el resto del profesorado asociado del centro universitario barcelonés, ha comprobado cómo recaía sobre su espinazo buena parte del peso del ajuste presupuestario que el rectorado ha aplicado para digerir el recorte de la aportación de la Generalitat a sus cuentas. En el caso de la UPF, el 'tijeretazo' ha ascendido a unos nueve millones de euros y en el global de las universidades catalanas a 144, un 16% menos que en 2010.
"Soy el ejemplo anómalo, el que no se quiere ver, el que oculta la universidad", argumenta Raimundo en el interior de un despacho de la facultad de Políticas que, en lugar de con un número, está identificado con un adhesivo esclarecedor que clama: "asociados en lucha". "Soy un falso asociado", remarca el docente para referirse a la ambigüedad que esconde esta figura en boga hasta el extremo en las universidades catalanas y cuyas características definitorias no cumple. "Se supone que tenemos un contrato base ajeno a la universidad y que impartimos clases para trasladar nuestros conocimientos del mundo de la empresa en función de la excelencia, pero el rectorado pone a trabajar de asociado a personal que no está empleado fuera. Gente que hace gratis la investigación, que sólo cobra por su docencia", denuncia. Esta práctica, común y precedente a la mengua de la subvención pública, era tolerada por Raimundo, que vivía en "esa zona gris en la que uno se hace connivente de la alegalidad de las políticas de contratación" hasta la llegada de la rebaja salarial.
"A qué me amarro yo ahora, si en realidad lo que soy es una mano de obra volátil, precaria, que se me usa de aquí para allá según contingencias del momento. Se asume que hay gente que puede vivir en condiciones casi esclavistas, que empleados con cualificación de primerísimo mundo trabajan a precios de mano de obra de tercer mundo", se encrespa y, rápidamente, aparece la opción del éxodo, que ya eligió en 2003, cuando emigró a la universidad Lausanne huyendo de las repercusiones de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). "Mi amor por esta universidad ha llegado hasta donde ha llegado, que es hasta el umbral de la subsistencia. Me han empujado más allá y también más allá me voy a buscar la vida", arremete el docente, que dice afrontar sus gastos corrientes con lo ahorrado en Suiza, donde cobraba "seis veces más".
"Está prevista la precariedad para menores de 40. Por encima, en el mundo universitario se considera que tú tienes que tener un puesto fijo y el resto tenemos que buscarnos la vida fuera", zanja.
En esa franja está instalado Carlos Delclós, un joven estadounidense de 28 años licenciado en Estudios Internacionales y con máster en Ciencas Políticas en su país natal, que regresó arrastrado por sus orígenes a España y llevaba tres años compaginando su doctorado en la UPF con la docencia. Hoy tiene mucho más tiempo para la tesis, pues se encuentra en el paro cobrando una prestación de 289 euros mensuales, calculada en base a los 389 que percibía el pasado año, ya con el descenso de sus emolumentos aplicado. En enero tiene la promesa de que volverá a dar clases, pues en realidad está sufriendo otra de las maniobras de ahorro de la universidad: la alternancia de contratación trimestral con otros periodos de inactividad por el mismo espacio de tiempo. "Ganaré más o menos lo mismo que en 2010, pero por impartir muchas más horas, tres asignaturas a tiempo completo y será durante tres meses, después de nuevo al paro", explica este otro asociado.
Guarecido en el mismo recoveco del campus de la Ciutadella en el que el que ahora atiende es Raimundo, rememora como hace unos meses decidieron rebelarse empapelando la facultad con sus nóminas para abrir los ojos al estudiante y las puertas del despacho del rector, aunque el resultado no fuera el esperado. Según Carlos, en una reunión mantenida con Josep Joan Moreso, tras acusarle una de las docentes de estar llevando a cabo un "ERE encubierto", el máximo dirigente únicamente se ratificó en el modo de ajuste presupuestario adoptado y se jactó de estar "dejando las cosas claras".
Pero de claridad es justo de lo que carece el horizonte de este joven, que dice acusar el "brutal cambio psicológico" que le supone estar por primera vez desempleado y todavía vislumbra con escepticismo su reincorporación tras las Navidades. "Yo siempre he firmado después de empezar las clases, y esta vez va por el mismo camino. Cuando tienes esta inseguridad te crea mucho escepticismo. Además, sólo tengo una relativa estabilidad hasta abril. No sé que pasará después, sólo que no podré impartir clases".
El margen de Maria Mena es algo mayor: llega hasta el 15 de septiembre, cuando finalizan los dos contratos que actualmente le ligan a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y por los que percibe un sueldo global y nada desdeñable, vistas las circunstancias de sus homólogos, de 1.700 euros. La incertidumbre es, en el caso de esta licenciada en psicología de 29 años, el factor más corrosivo. Maria está empleada en el servicio de atención psicológica de la Autònoma con un contrato de Personal de Administración y Servicios (PAS) del denominado capítulo VI, o lo que es lo mismo del que aglutina a los trabajadores temporales. También es docente y lo es contratada como asociada, aunque de nuevo en su caso el 100% de su salario proviene de la propia universidad. Acaba de firmar una renovación de 10 meses, "lo justo para que no me puedan consolidar", manifiesta. Los trabajadores de capítulo VI pueden pedir la estabilización de su plaza después de tres años contratados ininterrumpidamente. Maria se quedará a dos meses de cumplir ese requisito en caso de no volver ser renovada por un año, con lo que a partir de octubre puede conservar ambos contratos, uno o perderlos todos. Sustenta su incertidumbre en las previsiones de despidos que maneja la Plataforma Unitaria por la Defensa de la Universidad Pública (Pudup), de la que partió la convocatoria de huelga que se celebró el pasado jueves. De los 34 millones que el centro universitario ha dejado de percibir de la Generalitat, pretende ahorrar cerca de ocho en personal, lo que implica el despido de unos 500 docentes asociados.
La psicóloga carga contra la "ambigüedad" y "opacidad" a la hora de trasladar el recorte. Y apunta a que las cifras se van diluyendo con el paso de directrices de escalafón en escalafón. "La Generalitat obliga al rectorado y el rectorado a cada departamento y éste decide, teóricamente, a quién echa. Hay que ir casi departamento por departamento para conocer los datos de despidos", apunta la docente, que dice temer que en unos meses se conozca el verdadero volumen de reducción de personal, cuando ya sea imposible luchar para revertirlo.
Los empleados de capítulo VI, como Maria, cuentan con serias opciones de ser los elegidos para adelgazar la estructura de la UAB. Cuenta la docente que no constan en la relación de lugares de trabajo de la universidad, al estar su contratación vinculada a un proyecto concreto, con lo que no es obligatorio informar de las renovaciones. Pero añade que el "fraude" también aquí es notorio. Según narra, "se utilizan profesores con plaza temporal no vinculados a ningún proyecto para hacer trabajos estructurales, como gente que es informática de su departamento o sustituye a trabajadores fijos cuando se jubilan".
La precarización de las condiciones docentes y la disminución de plazas que padecen y de la que ponen sobre aviso los afectados encuentran, lógicamente, su consecuencia directa en la calidad de la enseñanza impartida. Asegura Maria Mena haber presenciado durante los últimos meses clases magistrales de psicología social a 300 alumnos, teniendo que recurrir a la sala de actos para dar cabida a tal volumen de universitarios. Y, por el contrario, señala que se están cerrando grupos cuando existen menos de 15 matriculados a la asignatura, lo que ya ha implicado la supresión de clases en horario de tarde en la facultad de Políticas y amenaza la posibilidad de elección de los alumnos al estar en riesgo de desaparición las materias optativas con menor demanda. La irrupción de nuevos modelos de profesorado como el de becario de apoyo a la docencia, que puede colaborar en las clases habiendo acabado dos años de la carrera y "llegar a corregir exámenes de compañeros que estén repitiendo" también empuja, según la psicóloga, hacia un cambio de modelo en la universidad en el que prima la contención de gasto.
Lo subraya Raimundo viejo. "Al final quién se queda, el becario que no tiene ninguna otra opción", reflexiona, y apunta las consecuencias: "Se produce un empeoramiento obsceno de la calidad docente. Cuando yo salga, la UPF perderá un profesor que ha estado siempre entre los diez mejor valorados por los alumnos. No se está calculando el impacto de unos déficits que serán difícilmente recuperables", abunda y advierte de la nula rentabilización que el sistema universitario hará de lo invertido en la formación de profesorado de amplia trayectoria: "En mí se ha gastado una barbaridad de dinero público, de becas, me he doctorado en Berlín... y ahora me iré".
Y es que, precisamente, su modo de supervivencia inmediato no es lo que más preocupa a estos tres profesores. Maria, que también cuenta con el Certificado de Aptitudes Pedagógicas (CAP) bien podría recalar en un instituto si se ve obligada a dejar la UAB. Carlos empuña su diversa formación y su inglés nativo para dar por hecho que conseguiría sustento tras los muros de la UPF y Raimundo vuelve a otear fuera de las fronteras españolas para dar con quien sepa reconocer la excelencia curricular. Su verdadera voluntad, la de impulsar la docencia en sus actuales universidades ya no es una opción, sino un deseo que creen alejado de los designios de quien gobierna. De unos "rectores que deberían estar declarándose en rebeldía y por el contrario rinden pleitesía", para Raimundo. Para Carlos, de una Generalitat "de impulso suicida" que opta por recortar en educación y que, considera, le está diciendo: "Nuestra población no vale para mejorar el conocimiento, para dar clases, para estar a la altura de las sociedades más capacitadas, sino para recoger las fiestas de los empresarios alemanes que pasan sus noches españolas en Barcelona".
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