El Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya en funciones, aprovechó el Consejo de Ministros de ayer, el primero tras las elecciones del pasado domingo, para conceder el indulto parcial al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, condenado a tres meses de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de su oficio de banquero durante ese periodo. Fue el Supremo el que el pasado mes de marzo condenó al «número dos» de la entidad presidida por Emilio Botín por un delito de denuncia falsa cometido en 1994 contra unos deudores de Banesto.
Sáenz, que solicitó el indulto tras conocerse el fallo del Supremo, podrá seguir ahora en su cargo, que a pesar de todo nunca llegó a abandonar. Además, seguirá cumpliendo con los requisitos de «honorabilidad» que exige el Banco de España a los ejecutivos del sector financiero. La decisión adoptada ayer «conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso». Esto es, cambia la condena inicial por una sanción económica de unos 6.000 euros, según informan fuentes conocedoras del caso de Sáenz, que en 2010 cobró 9,179 millones de euros entre retribución fija y variable.
El indulto, que contaba con el informe favorable del Ministerio Fiscal, se ha extendido a los otros dos condenados por esta causa: el ex director de Banesto en Cataluña, Miguel Ángel Calama, y al abogado Rafael Jiménez de Parga, a los que se impuso la misma pena que a Sáenz.
Los hechos se remontan a 1994, cuando Sáenz presidía Banesto, entidad adjudicada en subasta pública al primer banco del país tras su intervención. El actual consejero delegado de Santander presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra Pedro Olabarría, Modesto González y Fernando y José Ignacio Romero, a los que reclamaba más de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) contraída a través de la compañía Harry Walker. Sáenz defendía que los empresarios se habían hecho responsables personales de esos créditos.
Tras ser condenados —el juez que dictó sentencia fue condenado por el Supremo en 1996 por prevaricación y detención ilegal—, los empresarios denunciaron a Sáenz, pero el TSJ de Cataluña archivó la causa. En 2006 el Supremo anuló ese fallo y obligó al tribunal catalán a retomar el caso. En 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz a seis meses, y en marzo de este año, el Supremo rebajó la pena a tres meses.
Malestar entre los jueces
Ayer, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, José Blanco se negó a justificar la decisión alegando que «no es habitual» explicar los motivos que llevan a conceder un indulto. La comisión de traspaso de poderes que por parte del PP capitanea Soraya Sáenz de Santamaría no fue informada del indulto. Después, Sáenz de Santamaría pidió al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, un listado de los indultados, que le fue negado. Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron a Ep que sí trasladaron al PP, «por los conductos habituales» la decisión.
Por su parte, las asociaciones de jueces pidieron que La Moncloa dé cuenta de las razones de su decisión y criticaron la ley del indulto, de 1870, por dar la facultad al Gobierno de interferir en las decisiones judiciales.
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