El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, prácticamente a coro con otros dirigentes patronales, ha afirmando que "es evidente que hay un sobredimensionamiento de las administraciones públicas, una superposición de las administraciones públicas y un excedente de funcionarios". Una aseveración sin mucho fundamento y que me parece que solo responde a sus preferencias ideológicas y al intento de contribuir con menos impuestos al interés colectivo. Es evidente que no hay una medida objetiva que indique cuál es el número ideal de empleados públicos, no solo de funcionarios, que debe haber en una sociedad. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que las sociedades más competitivas y favorables para el bienestar humano son generalmente las que tienen un sector público mayor y más eficiente. Por eso la única forma de poder hablar con propiedad de si su dimensión es más o menos la adecuada es la de compararnos con esas naciones que deberían servirnos de referencia.
Para ello daré algunos datos relativos al periodo 2000-2008 (que es mucho más representativo que el de los dos últimos años de excepcionales condiciones económicas) recogidos del informe "El empleo público en España no es excesivo. Los errores del informe sobre el coste de la administración de la EAE Business School", realizado por Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y de la John Hopkins University de Estados Unidos, y Marta Tur, coordinadora del Observatorio Social de España.
España es uno de los países integrantes de la UE-15 con un sector público de menor tamaño. Nuestro porcentaje de población empleada en él sobre el total de población activa era del 12,75% en 2008, mientras que el de Dinamarca llega al 31,27%, el de Finlandia al 24,64% o el de Suecia al 26,2% en 2007. Y, a diferencia de lo que también se afirma, el crecimiento del empleo ha sido más rápido en el sector privado que en el público.
Es verdad que de 2000 a 2008 el gasto público realizado por España ha aumentado significativamente, con una media del 5% anual que es superior a la de la UE-15 que fue del 3,4%. Pero hay que tener en cuenta que el déficit que presenta España en cuanto a gasto público respecto a la UE-15 es muy grande. Así, a pesar de este crecimiento, todavía tenemos un gasto público por habitante de 2.600 euros (estandarizados) menos que el promedio de la UE-15.
Además, España era en 2008 el país de la UE-15 que menos gastaba en salarios a los trabajadores públicos y el quinto que menos gastaba en compensación salarial a sus empleados públicos por habitante.
Sobre Andalucía lo cierto es que está muy ligeramente por encima de la media española en estos parámetros pero, por tanto, muy alejada también de los niveles medios y superiores de nuestro entorno europeo más ejemplar.
Y tampoco es cierto que en Andalucía la tendencia haya sido al crecimiento del número de empleados públicos si la medición se hace tomando el porcentaje de asalariados en el sector público sobre el total de asalariados, puesto que aquí se registró una disminución de 1,30 puntos de 2005 a 2008 y en el conjunto español de 0,80 puntos.
Por tanto, si nos comparamos con los países europeos más ricos y competitivos lo cierto es que no tenemos un sector público demasiado grande, como dice la patronal, sino demasiado pequeño y que debemos aumentar nuestro gasto público en lugar de reducirlo.
Naturalmente, lo que acabo de señalar no quiere decir que el sector público funcione todo lo bien que debiera (lo que es prácticamente imposible gastando insuficientemente en él) o que todos los empleados públicos estén bien utilizados. Pero eso es una cosa y otra que esté sobredimensionado, como afirma el señor Herrero.
Por otro lado, no se puede olvidar que lo que está pasando a partir de 2009 es extraordinario y que no es precisamente la iniciativa pública a quien haya que hacer responsable de ello sino más bien a la privada, y particularmente a la financiera. Lo que quizá habría que preguntarse es cómo estaríamos ahora y dónde habrían ido muchas más empresas de las desaparecidas por culpa de la banca si hubiésemos tenido ya el sector público jibarizado que propone las patronales.
En suma, o el presidente de la patronal andaluza está muy mal informado o lo que desea es que Andalucía se parezca más a los países atrasados que a los más avanzados que nos rodean.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
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