Los países socios de la UE se reúnen en unos días para concretar un acuerdo que va a “responder a la crisis, preservar la estabilidad financiera y establecer los fundamentos de un crecimiento inteligente, sostenible, socialmente integrador y creador de empleo”. Las palabras suenan bien, hasta que se entra en los detalles. El pacto del euro es, en realidad, el mayor recorte al Estado del Bienestar y a los derechos de los trabajadores europeos desde que existen ambas cosas en Europa.
La receta acordada –que ya se firmó hace tres meses– consiste en rebajar los salarios, abaratar el despido, reducir el gasto público, alargar la edad de jubilación… En resumen: mejorar la competitividad de la economía a costa de los de siempre, que son quienes afrontan los puntos más concretos de un acuerdo que, por lo demás, es bastante difuso. El pacto del euro también plantea mejorar la educación o el I+D, pero no establece ni cuándo ni cómo. También habla de regular el sistema financiero, pero no propone una sola medida concreta. Incluso pide –y es el colmo– “reducir la pobreza”, pero no explica cómo se combatirá la exclusión en una Europa con sueldos más bajos y menos gasto social.
La firma del pacto del euro no es voluntaria. Es el requisito que ha puesto sobre la mesa Angela Merkel a cambio de no dejar que los mercados devoren a los socios más débiles: a Irlanda y a los países del Mediterráneo, incluida España. A los gobiernos se les daba dos opciones: la tijera o la guadaña. ¿Y a los ciudadanos? También tenemos dos opciones: callarnos y aceptar los nuevos recortes o protestar ante este chantaje. Por eso este domingo, 19-J, diré no al Pacto del Euro desde la calle, pacíficamente, junto con los indignados.
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