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Esta semana acaba el plazo para que todos aquellos que se han enriquecido defraudando a Hacienda durante los opulentos años de la burbuja inmobiliaria puedan lavar su dinero al módico precio de una comisión del 10% de lo que decidan blanquear. Esa es la salida que ofreció en su momento el ministerio de Hacienda a los patrioteros que se llenan la boca de España y las muñecas de pulseras con los colores de la bandera para, a continuación, estafar al resto de sus conciudadanos.
En un país en donde la economía sumergida supera ya el 23% de su PIB -esto es, más de 240 mil millones de euros- promover una amnistía fiscal al tiempo que el propio impulsor, el ministro de Hacienda, se declara impotente para luchar contra el fraude fiscal no es que sea amoral, es que resulta de género de opereta. Es más, dice mucho de la voluntad de lucha contra el fraude fiscal el que el objetivo de la amnistía fuera aflorar en torno a 2.500 millones de euros, es decir, apenas un 1% del monto del dinero negro circulante en el país. La medida, en sí misma, parecía un llamamiento a la mala conciencia de unos pocos que a la racionalidad económica de los muchos y buena prueba de ello es que, hasta donde sabemos, es decir, hasta el mes de julio, apenas se había blanqueado 50,4 millones de euros, desde entonces no hay ningún tipo de datos. Así que el resto de ciudadanos, los que cumplen a carta cabal con sus obligaciones fiscales, no saben cómo evoluciona el trato preferente que el gobierno ha decidido conceder a quienes han estafado a Hacienda, esa institución que, según su publicidad institucional, somos todos.
Todo ello contrasta ampliamente con el trato que se le otorga a este delito en otros países de Europa. Esta semana pasada, la cámara alta del Parlamento Alemán, el Bundesrat, rechazaba el denominado Acuerdo Rubik para regularizar las cuentas no declaradas que tengan los alemanes en Suiza a pesar de que la medida había sido aprobada por el Bundestag, la cámara baja. El Acuerdo proponía regularizar esas cuentas a cambio de un impuesto que se situaba entre el 21% y el 41% de los fondos no declarados, amén de que las cuentas seguirían pagando impuestos sobre los rendimientos obtenidos en el futuro, todo ello a cambio de mantener su opacidad.
El bloqueo del Acuerdo por parte del Bundesrat pone de manifiesto las diferentes percepciones de Estado que tienen las autoridades alemanas y las españolas y que son expresivas, a su vez, de las percepciones de los propios nacionales de sendos Estados sobre sus instituciones. Exigir esfuerzos, apelar al patriotismo, acudir al chantaje cuasi sentimental pretendiendo que a través del sacrificio colectivo se puede salir de la crisis, al tiempo que se habilitan mecanismos para que blanqueen sus capitales sin ningún tipo de penalización -es más, premiándolos ya que ese 10% de comisión es inferior al tipo impositivo de cualquiera de los impuestos que fueron defraudados en su momento-, es la mejor forma para que todo el mundo entienda el doble rasero imperante en el país y cómo las reglas se hacen con un metro de goma que se estira y se achica en función de a quién se le aplique. Y si, además, nos encontramos con ejemplos de severidad y rigor en el tratamiento de los delincuentes, como ocurre en el caso alemán, las razones para el cuestionamiento de las bases de nuestro pacto social no dejan de aumentar con cada nueva medida del gobierno contra la crisis.
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