miércoles, 31 de agosto de 2011

Impuesto a los ricos: La demagogia que viene

http://elobservadorsarcastico.blogspot.com/2011/08/impuesto-los-ricos-la-demagogia-que.html


Cada decisión tomada por Rodríguez Zapatero en el último tercio de legislatura ha sido una concesión a los mercados y el neoliberalismo, a la par que un hachazo suicida al casco del buque del Partido Socialista, que confiaba en llegar a la orilla de la crisis económica todavía a flote antes de los comicios de noviembre. Pero la decisión de grabar a fuego en la piel de la Constitución el estigma ‘thatcheriano’ del techo del déficit, haciendo así fuente de derecho los dogmas ‘neocons’, ha dejado al candidato Rubalcaba atado al palo mayor y con el agua subiéndole ya por el nudo de la corbata. Así, es de esperar un golpe de efecto: un impuesto a los ricos. O sea, la demagogia que viene.

Discutía ayer con Cayo Lara esa posibilidad que ya circula por los mentideros políticos como previsible efecto del viejo alquimista socialista para remover a los suyos, y el coordinador de IU veía con cierta expectación ese gesto que imitaría lo que ha hecho Francia esta semana (subir un 3% el gravamen de todas aquellas rentas superiores a 500.000 euros anuales). El regalo ‘rojo’ que compense el atracón de políticas ‘azules’ podría anunciarse este mismo viernes tras el Consejo de Ministros. El problema, como casi siempre, es dejarse seducir por la presentación de un bonsai cuando se están llevando los bosques.

Subir el porcentaje de tributación a los escalones altos del Impuesto sobre la Renta es una obligación moral deseable, cómo no, quién más gana más debe pagar, pero hay que tener en cuenta que tiene una escasa repercusión recaudatoria y que ahí no pagan los verdaderos ricos, que esconden su tributación en otros parajes. Para hacernos una idea, cabe decir que tan sólo 6.829 personas declararon una renta superior a los 600.000 euros, según datos tributarios de 2009, aportando poco más de 2.500 millones de euros de los 62.000 millones que recaudó el Estado en el IRPF. ¿Cuánto recaudarían con uno o dos puntos porcentuales más a esos tramos? ¿800 millones, 1.000 millones? Deseable y obligatorio imponer ese nuevo impuesto, pero eso no compensa ni resuelve absolutamente nada. Es sólo un canto de sirena electoral; la ópera se canta en otra parte.

Dónde hacer pagar a los ricos de verdad

El gran concierto del dinero que se esconde de los grandes capitales está en la evasión fiscal, en la escasa tributación de las grandes empresas y en los instrumentos con fiscalidad beneficiosa para los ricos, como son las Sicav.

Empezando por la evasión fiscal.
La evasión fiscal de las grandes fortunas y corporaciones empresariales alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año (el 71,8% de la evasión del país), según los datos elaborados a partir de las estadísticas de IRPF que manejan los Técnicos del Ministerio de Hacienda, que se agrupan en Getsha. A esta cantidad habría que sumarle 16.621 millones de euros que evaden pymes y autónomos. Poner coto a ese desmán es gravar a los ricos de verdad. Este capítulo supone un 23% del PIB.

Luego está la tributación de las grandes empresas. La teoría es que el Impuesto de Sociedades grava con un 30% a las grandes empresas y con un 25% a las pymes. Pero, como denuncia Getsha, los ingenieros fiscales de las grandes corporaciones saben manejar las fisuras del sistema para que esa tributación sea menor. Concretamente, un tipo real del 19,5%.

Es necesario un verdadero Impuesto de Sociedades progresivo que devuelva en parte a la sociedad los recursos que se llevan estos grandes gigantes económicos. Para hacerse una idea, miremos a las empresas del IBEX 35. Ni siquiera vamos a decir que el 82% de estas empresas utiliza paraísos fiscales de alguna manera, como señala el Observatorio de Responsabilidad Corporativa; vamos a centrarnos en su aportación oficial al país. Cabe decir que las 35 grandes empresas del principal indicador de la Bolsa española, obtuvieron el pasado año un beneficio conjunto de 50.660 millones de euros, generando 1.353.110 puestos de trabajo. Es decir, sus ganancias equivalen a casi un 20% del PIB bruto de España, pese a que proporcionan únicamente un 7,4% de los puestos de trabajo del país, utilizando cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA). Ahí están los ricos, para quien quiera gravarlos.

Y si queremos hablar seriamente de apretar las tuercas fiscales a los que más tienen, no podemos dejar de hablar de las SICAV. Los ricos no tributan con el IRPF, una vez que han maquillado los datos de sus grandes empresas desvían sus ganancias personales a las Sicav, sociedades donde depositan sus renta los Koplowitz, Del Pino, Amancio Ortega y el resto de verdaderos millonarios que se benefician de una ventajosa tributación del 1% gracias a estos instrumentos financieros. En este momento hay cerca de 3.369 Sicav, con un patrimonio que gestiona más de 27.000 millones de euros. Y no sólo eso, se supone que deben tener 100 accionistas para ser legales: Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de estas entidades y descubrió que casi todos era inversores ficticios. A partir de ahí a Hacienda le quitaron la competencia del control fiscal de estas entidades, pasándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y nunca más se supo de las denuncias de los Inspectores, como ha denunciado en más de una ocasión Francisco de la Torre Díaz, Portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Ahí están los ricos, para quien quiera buscarlos y gravarlos de verdad, y no sólo arañar un puñado de votos mostrando una mano dura que no ha existido. Ésa es la demagogia que viene. Atentos.




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lunes, 29 de agosto de 2011

La ideología neoliberal en la Constitución

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3927/la-ideologia-neoliberal-a-la-constitucion/


Es la medida menos dura de las que podía haber tomado”, parece que dijo Zapatero cuando la anunció. Quizá la menos dura –a saber qué otras medidas le habrán pedido–, pero sin duda la más significativa.

La medida se presenta como “un mensaje claro a los mercados” y respondería a una exigencia de estos, “para calmarlos”. Es lo mismo que se ha dicho con cada medida antipopular, sin que de ellas se siguiese calma alguna, sino el fortalecimiento y la exacerbación de las exigencias de los mercados. A diferencia de las reformas laborales y los recortes en las prestaciones sociales, la introducción en las constituciones de una limitación futura de los déficits públicos carece de consecuencias económicas a corto y medio plazo, que es donde se mueven los mercados. Hasta dentro de ocho años no empezaría a obligar a los gobiernos y es imposible anticipar cuál será entonces la situación y, sobre todo, la correlación de fuerzas que harán que esa declaración se aplique, se modifique o se derogue.

La estabilidad presupuestaria es un principio general asumido por los países de la zona euro en el Pacto de Estabilidad de 1997, en el que se fijaba también un límite del 3% al déficit público. Ahora se reclama elevar a las constituciones ese principio, modificado y reiteradamente incumplido durante estos años, pero vigente hasta hoy. ¿Por qué esa exigencia y qué se pretende con ella?

La reforma constitucional es una decisión social del máximo rango que sitúa la cuestión en el terreno de los principios, por encima de las leyes y las políticas. Que en este momento preciso, en esta coyuntura de crisis, se pretenda elevar la limitación del déficit a ese rango es muy significativo.

Desde que la crisis ha entrado en su segunda fase, tras el rescate del sistema bancario, se enfrentan en política económica dos posiciones: una partidaria de reactivar la economía con inversiones públicas estratégicas, aunque ello implique asumir déficits presupuestarios, y otra partidaria de reducir el endeudamiento y recortar drásticamente el gasto público, aun a riesgo de provocar una larga recesión. La primera es defendida por economistas keynesianos y políticos progresistas; la segunda, por neoliberales y conservadores.

Esas posiciones se enmarcan en una polémica más general sobre la relación entre política y economía, el papel del Estado y la intervención pública en la economía. Para la ideología neoliberal, el Estado debe gastar lo mínimo indispensable para asegurar las condiciones de reproducción del sistema y no debe interferir en su dinámica porque este se autorregula.

El endeudamiento público sólo tiene sentido si el Estado ha de intervenir en la economía y mantener el nivel de los servicios a los ciudadanos. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del Estado del bienestar en las coyunturas en que su financiación ordinaria es insuficiente pueden requerir endeudamiento. Para los progresistas, es un instrumento legítimo, incluso esencial, de la política económica. Para los conservadores, es ilegítimo, porque rechazan la intervención del Estado en la economía y son siempre partidarios de recortar el gasto social si escasean los recursos.

La sostenibilidad fiscal es un requisito a largo plazo de la economía pública. Es una obviedad que, dentro de sus límites, ninguna sociedad, cualquiera que sea su sistema económico, puede indefinidamente consumir más de lo que produce. Tal cosa sólo es posible drenando los recursos de otras sociedades, lo que sólo logrará mientras ejerza un dominio imperial sobre ellas, como es el caso de Estados Unidos durante las últimas décadas. A largo plazo, los estados –cualquiera que sea su régimen político– no pueden gastar, en términos reales, más de lo que ingresan de su sociedad; para gastar más tendrán que ingresar más, sea porque la economía social se expanda, sea porque aumente la carga tributaria impuesta a los ciudadanos. Esto no excluye, sin embargo, los desequilibrios y el endeudamiento en el corto y medio plazo, en el que han de actuar las políticas económicas.

Pero no nos dejemos confundir. No se discute si el Estado debe equilibrar ingresos y gastos, si debe o no haber déficits y superávits en las cuentas públicas, en qué condiciones y qué ha de hacerse con ellos. Esta no es ya una discusión de política económica, que sólo tendría sentido en relación con la coyuntura y en la perspectiva del ciclo. Cuando una cuestión técnica como esta se eleva a la categoría de principio, se entra en el terreno de la ideología.

¿Qué significado tiene una declaración constitucional como la que se pide? No tiene un significado económico, ni siquiera en relación con los mercados de deuda pública. Tiene un significado ideológico fundamental: es una confesión de fe. Como al hereje ante la hoguera de la inquisición, se exige a gobiernos y países que abjuren de sus ídolos y reconozcan que el único dios es el mercado, que a él nos debemos y hemos de someter nuestra voluntad.

Con muchas de las medidas adoptadas en estos últimos años, los estados se han sometido a los mercados; lo que hay de nuevo en esta exigencia no son sus consecuencias prácticas –mucho más remotas e inconcretas que aquellas medidas–, sino que representa el acto de sometimiento mismo, la ceremonia de la sumisión. No se trata ya de forzar a los gobiernos a hacer una política neoliberal –que ya la hacen–, sino de que hagan confesión pública de neoliberalismo.

La crisis está siendo la oportunidad histórica para el afianzamiento de la ideología neoliberal. Reformar las Constituciones para introducir en ellas el principio de estabilidad presupuestaria y la limitación del déficit público no es una medida de racionalidad económica, sino un acto político. Y no lo exigen los mercados, lo exigen quienes, como Merkel, representan hoy, en el ámbito político, la ideología y los intereses del capital financiero internacional.


JOSÉ LUIS DE ZÁRRAGA
Sociólogo


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domingo, 28 de agosto de 2011

Tienen tiempo según para qué...

http://blogs.que.es/14667/2011/08/26/congreso-de-los-diputados-nueva-sesion-de-ajustes-y-recortes/


La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha descartado un impuesto nuevo para las grandes fortunas porque ya “no hay tiempo”. Sin embargo, la modificación de otros ya vigentes es posible: “Para aumentar la presión sobre las grandes fortunas, permítame que esperemos al viernes”.

En cambio para esto sobra tiempo; la reforma de la Constitución impuesta desde el exterior para tranquilizar a los inversores podría estar aprobada en apenas dos semanas.

La vicepresidenta para Asuntos Económicos en unas declaraciones a la radio dijo, “No hemos recibido ninguna carta de ningún rico diciendo que le pongamos impuestos, pero si eso sucediera, y va en el programa del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, espero que muchos entiendan la medida”, subrayó.

Si espera una carta de los ricos españoles ya puede esperar sentada muy cómodamente en su sillón. Como si no supieran donde van a parar los millones de las grandes fortunas. En inversiones para crear empleo en nuestro país seguro que no.

Los empresarios por boca de la CEOE manifiestan que no están contentos con la reforma laboral. Sindicatos y empresarios critican la nueva reforma laboral del Gobierno de Zapatero.

Unos siguen despidiendo y los otros concediendo, en nombre todos los trabajadores que no de sus afiliados, todo lo que le ponen por delante. La última moderar por más tiempo los salarios de los currantes sub-mileuristas con contratos precarios. Mientras que los consejos de administración con salarios astronómicos se repartan los beneficios y luego van pidiendo sacrificios al resto de personal.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido la reforma que suprime el límite de dos años para encadenar contratos temporales para “priorizar el “priorizar el empleo”.
“Muchas empresas y algunas instituciones públicas importantes no renuevan los contratos temporales si con esa renovación se incurre ya en la regla de que a la próxima se tiene que convertir ese contrato en indefinido”, ha explicado.

A ver si lo entendemos, así que los empresarios tienen a un trabajador dos añitos y luego los despiden para contratar a otro y así una y otra vez porque no quieren tener trabajadores fijos, por otro lado lógico porque detrás de cada empleo hay muchas y jugosas bonificaciones para el contratante. Es más sencillo despedir y hacer un contrato nuevo. Demuestra eso; que los empresarios no están por la labor de dar seguridad al trabajador y crear empleo estable.

Y el Gobierno, en lugar de penalizar estos actos lo que hacen es facilitar al empresario la contratación temporal indefinida. En la primera reforma laboral pensé que no se podía hacer peor, pero si se puede.

Valeriano Gómez, añade; “España, para salir de la crisis, necesita un periodo largo de moderación de salarios, por eso espero que podamos anunciar pronto un acuerdo para la moderación dentro de la negociación colectiva”, ha añadido.

¡¿Qué?! Pero esta gente en qué país vive. Si hay que moderar salarios serán de los que cobran un pastón porque los mileuristas y submileruistas poco tienen que recortar con años de moderación salarial y subida por encima del IPC de la luz, el agua, el gas, los transportes, la alimentación, los impuestos, los combustibles, revisión obligatoria I.T.V., los peajes (sobre todo en Cataluña que en el resto hay estupendas autovías gratuitas). Sólo hay que ver el gráfico del artículo anterior para ver lo poco que han subido el salario mínimo interprofesional en España durante estos años .

Mientras los empresarios opinan que todas estas maniobras a su favor se quedan cortas y lamentan que el Ejecutivo se quede corto en su idea de flexibilizar el contrato a tiempo parcial.



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sábado, 27 de agosto de 2011

¡Los grandes gurús de la economía de mercado informan!




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Para converger realmente con Europa… que los ricos españoles aporten como los ricos europeos

http://dadacotilla.wordpress.com/2011/08/24/para-converger-realmente-con-europa%E2%80%A6-que-los-ricos-espanoles-aporten-como-los-ricos-europeos/


Se nos suele contar Caperucita al revés, presentando al lobo del que depende la tensión del cuento como el crecimiento del país (focalizado exclusivamente en el crecimiento de las grandes empresas, por lo que el IBEX lo tenemos hasta en la sopa), y a Caperucita como la creación de empleo, la víctima de este cuento. Así se nos habla de que en este país es necesario llegar a un crecimiento superior al 2% para poder crear empleo estable y nos intentan convencer de que dicho crecimiento depende del crecimiento del IBEX. Por lo que se supeditan todos los esfuerzos a aumentar los beneficios de las grendes empresas a costa de despidos (en torno a 20.000 millones de euros para sanear las cajas de ahorro y dárselas a precio de ganga al mercado privado para que aumente así beneficios a costa del despido de miles de trabajadores de las propias cajas de ahorros y de las empresas que las comprarán, justo después de las elecciones, ya gobierne Guatemala o Guatepeor).

Sin embargo resulta que es todo lo contrario: precisamente porque el empleo nunca ha sido estable en este país, sino condicionado excesivamente por los vaivenes de una economía virtual, es por lo que estamos donde estamos, con pan en abundancia para ayer y hambre para hoy. Precisamente porque las grandes empresas quieren no solo mantener sus beneficios sino aumentarlos, lo que se traduce en reducción del gasto a través del despido en masa, como hemos observado hace no mucho con el caso de Teléfonica, donde el despido de miles de personas se ha traducido en un aumento histórico de beneficios, fundamentalmente para los directivos.

Por ello, es justamente el estado el único que puede generar empleo de calidad estable con sus empresas estatales, ya sean rentables o deficitarias, pues aún siendo deficitarias le serán reembolsados al estado los ingresos aportados en forma de impuestos vía IVA, carburantes… y muchos otros. Fundamentalmente a través de la generación del consumo generalizado, que garantiza siempre la circulación y por lo tanto evita un estancamiento o retroceso de la economía, favoreciendo la contratación en la empresa privada para cubrir la nueva demanda de trabajadores públicos con poder adquisitivo para consumir y, por lo tanto, generando así mayor cotización a la seguridad social (tanto de empresarios como de trabajadores nuevos en la empresa privada).

Así vemos que precisamente los países desarrollados que menos están sufriendo la crisis son aquellos donde el estado es la mayor empresa creadora de empleo estable del país. En Suecia o Dinamarca, el número de funcionarios públicos alcanza el 21,1 y 25,7% respectivamente de la población activa. Es decir, uno de cada cuatro o cinco personas en edad de trabajar es funcionario público (mientras que en España lo es solamente el 9,5% de la población activa, uno de cada 10). Esto pueden mantenerlo los países nórdicos porque son aquellos donde más ricos declaran al estado y donde más aportan (entre un 50 y un 55% de los ingresos según el país).

Asegurar un cuarto de la población activa como funcionario conlleva asegurar el consumo y por lo tanto un crecimiento continuado, dado que al haber un cuarto de la población con un consumo continuo asegura el empleo al resto de la población que debe satisfacer la inmensa demanda de ese sector social.

En este caso, la piedra de roseta en esta situación es muy simple: la mayor aportación de las grandes fortunas, más acorde a la relación con el sacrificio aportado por el resto de la sociedad. En resumen, las medidas lógicas aplicables a las grandes fortunas son las siguientes:

- Investigación a las grandes fortunas por parte de la Hacienda pública para que declaren, pues solo declara en España en torno al 20% con la connivencia de los gobiernos de turno. (Emilio Botín no ha presentado declaración entre 2005 y 2009, y cuando un chivatazo de un empleado del HSBC saca a la luz las cuentas que la familia Botín tenía en Suiza, libres de impuestos, el Ministerio de Hacienda, dirigido por el gobierno de Zapatero, no le multa sino que le avisa para que haga una declaración voluntaria con la que ha pagado menos de la mitad de lo que debía, “cancelando” así su deuda con el estado).

- Aumento del IRPF a las grandes fortunas, el actual en España es del 43% frente a los países nórdicos donde los grandes ricos aportan en torno a un 50-59%.

- Impuesto de Patrimonio: su eliminación, siguiendo el ejemplo de Berlusconi en Italia, beneficia a los grandes ricos dado que al tener patrimonios elevados el impuesto es elevado. Para las clases bajas y medias es una carga insignificante dado los pequeños patrimonios que poseen.

- Tributación por parte de la Casa Real española a la Hacienda Pública, al igual que el resto de ciudadanos españoles y al igual que otras Casas Reales europeas, dado que recibe en torno a 8 millones de euros anuales del presupuesto del país y están libres de impuestos (a lo que hay que sumar el patrimonio cedido por el estado así como la seguridad y otros muchos aspectos pagados a través de los diferentes ministerios).

- Elevación de la tributación de las grandes empresas SICAV. Las empresas-SICAV (Inditex y compañía) tributan al 1% cuando el impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas es del 25%. Por ello, debería elevarse del 1 al 3% para las SICAV y bajada del 25 al 20% para las PYMES, que son las que mayor empleo crean en este país. Además, al potenciar la investigación y reducir el impuesto, se contribuye a disuadir la evasión fiscal –no merecerá la pena correr el riesgo por el fraude-.

La disminución de impuestos a las PYMES se verá compensada con el aumento a las SICAV. Servirá para que sea más sencillo crear empresa y consolidar beneficios y que haya así menos temor a la hora de contratar. Las PYMES soportan 2/3 de los trabajadores españoles, por lo que hay que potenciar su crecimiento.

El aumento de impuestos vía Impuesto de patrimonio y de IRPF (mayor número de declarantes ricos y mayor IRPF para ellos) así como tributación de la Casa Real puede traducirse en creación de empleos directos aumentando el número de funcionarios por encima del número que existía antes de la crisis. Eso asegurará un consumo continuado, bajada de impago y por tanto de deuda privada, crecimiento de la confianza de los consumidores y por tanto de los empresarios privados a la hora de realizar nuevas contrataciones.

Así podremos darle la vuelta al cuento y entender que era justo al revés: no es el crecimiento el que condiciona el número de parados, sino al contrario; es la creación de empleo estable y de calidad el que directamente repercute en un crecimiento estable y consolidado. Además, la creación de empleo público por parte del estado no solo asegura estas cuestiones económicas, sino la vuelta al estado de bienestar donde los servicios básicos estén asegurados y mejorados por el estado, sin depender de la empresa privada, sujeta exclusivamente a sus beneficios y no al bien social. Si bien es cierto que la empresa pública debería estar más controlada y supervisada para asegurar su buen funcionamiento, pero no debemos dejarnos engañar, pues este es otro tema con el que se nos suele querer desviar la atención. Pues suele usarse ese número ínfimo de funcionarios puestos a dedo(amiguetes, primos y vecinos) para empañar el altísimo número de funcionarios de Sanidad, Educación, Cuerpos de Vigilancia, Justicia… que han pagado un alto precio (varios años de sacrificio) para llegar a dónde están sin la ayuda de nadie.

Con todo ello y en resumen, la mayor recaudación del estado debe ir directamente a crear trabajos públicos (no a reducir la deuda del estado). Estos trabajadores comenzarán a consumir generando que se creen PYMES para abastecer de productos al amplio sector consumista generado por el estado y que las PYMES existentes contraten a más trabajadores para abastecer dicha demanda. Será la creación de puestos públicos la que repercutirá en la creación de puestos de trabajo en la empresa privada, elevando así las cotizaciones a la seguridad social y recuperando, con ello y con la mayor recaudación de impuestos por el aumento del consumo, el dinero invertido en la creación de empleo público (cuyo gasto ya estaba cubierto con las medidas a las grandes fortunas). Esto redundará en un consumo estable y repercutirá en un crecimiento estable, que además será propicio para combatir, ahora sí, la deuda del estado.

Es la creación de empleo estable la que asegura crecimiento del país y disminución de la deuda, y no al revés como pretenden hacernos creer mientras siguen beneficiándose los mismos. El lobo es el propio mercado especulativo que genera paro y es el que hay que atajar, y Caperucita, es el propio empleo estable y, con ello, el bienestar social. Todo lo demás es secundario y depende de estos dos. Si en Alemania, Dinamarca o Suecia solo hablan de crecimiento es porque el trabajo está asegurado desde hace varias décadas, cuestión aún pendiente en esta democracia imperfecta española en que los mercados están mermando cada día más la capacidad del estado para influir en la sociedad. Pues a mayores privatizaciones, menor empresa pública y por tanto menor capacidad de intervenir en la creación de empleo y la elevación del consumo, mermado además por la elevación de impuestos para el otro cuento de atajar la deuda, cuando la verdadera deuda del estado no es la pública, sino la privada, la de los consumidores y las empresas.

Un último apunte, acerca de cuentos y privatizaciones. Si verdaderamente las privatizaciones estatales fueran consecuencia del déficit del estado, nunca debería permitirse la privatización de una de las empresas españolas más rentables como es Loterías y Apuestas del Estado y que el gobierno de Zapatero, con la ayuda del PP, ultiman entre bambalinas justo antes de las elecciones. Grandes enemigos ante las cámaras, grandes aliados en la destrucción del estado en beneficio propio. Si fuera por endeudamiento, nunca se privatizaría Loterías, ni se hubiera privatizado Telefónica ni Repsol. Se habrían buscado los mecanismos para hacerlas más competentes desde lo público. Y no solo se hablaría del déficit de la Sanidad, la Educación y la Administración pública. Esto quedaría muy en segundo plano si habláramos del déficit militar (y no me refiero al de ayuda humanitaria, sino al bélico: más de 60 millones de euros es la factura española en solo unos meses en la guerra de Libia. Habría que ver quienes poseen las empresas armamentísticas beneficiadas, casualmente las mismas que también le vendieron armamento al otro bando –léase acuerdos entre Aznar y Gadafi en 2003 basados en armas a cambio de petróleo-).

Y es que, ciertamente, lo que está sucediendo es que es el propio lobo el que está contando su versión y nos la estamos creyendo. No hay más que ver que quienes controlan hoy las empresas privadas son los mismos que lo hicieron cuando eran empresas públicas. Antes, como ministros, diputados, senadores o incluso presidentes, usaron las leyes para, mediante las privatizaciones, seguir dirigiendo unas empresas sin necesidad de ser votados por el pueblo y, mejor aún, garantizando que los desorbitados beneficios llegaran directamente a sus bolsillos (Rato-Bankia, Endesa-Aznar, Gómez Navarro-Iberia, exministro de Felipe González que estuvo a punto de presidir Caja Madrid en lugar de Rato). Los propios mercados usan sus grupos de comunicación para manipular el argumento. Y es que los mercados, aunque se esconden en el anonimato de ese sintagma, tienen nombres y apellidos muy propios que a más de uno le sorprendería si continuaramos por esta senta. Pero esa es la historia de otro cuento, un cuento que alguien tendrá que narrar un día de estos.

http://www.expansion.com/2011/07/31/empresas/1312147910.html

http://es.toluna.com/opinions/750304/Aznar-consejero-Endesa-Felipe-Gonzalez-Fenosa.htm

http://www.publico.es/dinero/379129/barclays-ficha-a-solbes-como-consejero

http://www.publico.es/dinero/313069/pocos-empleados-publicos-para-un-estado-del-bienestar

http://www.fundacioninverco.es/documentos/publicaciones/9998_LA%20FISCALIDAD%20DEL%20AHORRO%20EN%20EUROPA/C0_RESUMEN.pdf

http://rosamariaartal.com/2011/02/22/gadafi-sangre-petroleo-armas-e-hipocresia-internacional/



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viernes, 26 de agosto de 2011

Delirium Tremens

Antes de nada, decir que yo no les calificaría de delirantes, todo lo contrario, saben muy bien lo que están haciendo (y sobretodo para qué), pero este artículo me ha parecido muy simpático e interesante.

Mirage

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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=134650


La atención a la salud en los países desarrollados se está transformando radicalmente, y generalmente para peor, en los últimos años. La mayor parte de las decisiones que han guiado esta transformación han emanado no de los departamentos de sanidad, sino de los de política económica.

Los “economistas” – utilizaremos este término para referirnos a los generadores del discurso económico que impregna nuestros medios de comunicación - se han ocupado sin complejos en función de los conocimientos de la disciplina que les es propia, de la vida de los ciudadanos y de la actividad de profesionales de otras áreas de conocimiento. Sin embargo la actividad de los “economistas” y de los responsables de las políticas económicas ha sido rara vez objeto de la atención de otras disciplinas.

Hoy son los propios profesionales de la economía los que, para dar cuenta de lo que sucede en su campo, utilizan continuamente términos que hacen referencia a las emociones y a la actividad mental (miedo, desconfianza, tranquilidad…). Y basan sus actuaciones en su apreciación de una realidad que es perceptible por ellos pero no por el común de los mortales (que utiliza sus órganos de los sentidos y no las agencias de calificación como base para acceder a ella). Los psiquiatras nos dedicamos profesionalmente al trabajo con la actividad mental y las emociones. Y atendemos precisamente a personas que guían sus acciones por la percepción de realidades que no son compartidas por sus congéneres. No me parece disparatado que intentemos utilizar nuestros conocimientos en estas materias para comprender el comportamiento de los oficiantes de la Economía y predecir sus efectos sobre nuestra actividad y nuestras vidas.

Los psiquiatras llamamos delirio a una creencia que cobra importancia central en el modo en el que un sujeto se relaciona con el mundo y que, aunque para él se corresponde innegablemente con la verdad, no es compartida por el común de sus semejantes, e impide, por tanto, la colaboración con éstos necesaria para la vida en sociedad. Se trata de un intento que los delirantes hacen por dar sentido a una experiencia de la realidad que les resulta dolorosa porque amenaza de modo grave su identidad.

El discurso delirante tiene una estructura característica que hace que la creencia central no se vea modificada por la experiencia ni por el razonamiento, aunque para preservarla sea preciso atribuir a tal experiencia significados que a quien no delira le parecerán disparatados. Intentaré hacer ver que el discurso económico dominante comparte con el delirante esta característica.

Ello será más fácil de entender si nos detenemos en la función del delirio. La función que el delirio cumple para el delirante es preservar una visión aceptable de uno mismo que podría estar amenazada por la experiencia cotidiana.

Algunos delirantes, por ejemplo, se defienden del sentimiento de incapacidad atribuyendo a supuestos perseguidores la no consecución de sus propósitos. Como los directivos de unas entidades financieras, que han mantenido sus beneficios durante la crisis que ellos han provocado, pretenden responsabilizar de ésta a las pretendidas dificultades para despedir a los trabajadores que han producido la riqueza de que ellos se apropian. A veces por partida cuádruple: primero en forma de beneficios empresariales, luego en forma intereses de las hipotecas de los trabajadores, después en forma de “rescates” pagados por los gobiernos con los impuestos de los trabajadores y por fin en forma de inmuebles que son expropiados, además, sin que ello salde la deuda.

Otros delirantes pueden justificar su animadversión a algunos congéneres atribuyéndoles malas intenciones hacia ellos que éstos no tienen y liberándose, así, de la culpa que de otro modo les produciría su propia actitud hostil hacia ellos. Como las entidades que utilizan los fondos procedentes de los impuestos de los países de la Unión Europea , que ésta les presta a bajo interés, para comprar la deuda de algunos de estos países, después de haber hecho subir sus intereses por la mala calificación que les ha sido otorgada por unas agencias vinculadas estas entidades

Otro grupo de delirantes hace frente a este mismo sentimiento de impotencia proclamándose Mesías y empeñándose en salvar a la Humanidad de problemas que ésta no cree tener o de los que los delirantes carecen de medios para resolver. Como esas entidades financieras internacionales que siguen empeñándose en recomendar a países en dificultades las mismas estrategias que han llevado a los que lo precedieron a la ruina.

También hay delirantes que se defienden del sentimiento de impotencia atribuyéndose a sí mismos la culpa de acontecimientos que, para los demás, no ha provocado. Pero no se me ocurren ejemplos de esto entre los “economistas”. En todo caso los habría en la política donde el déficit de capacidad delirante de los gobiernos puede ser suplido por la oposición (puede que el bipartidismo sea precisamente eso, un sistema en el que los ciudadanos eligen qué partido ejerce la impotencia y cuál delira atribuyendo a la otra mitad de la clase política los desastres causados por la acción de los “economistas”).

El problema que enfrentan los delirantes es que, cuando actúan guiados por sus delirios, lejos de resolver sus problemas lo que logran es colisionar con la comunidad en la que se desenvuelven. Por ello las primeras – e inhumanas – reacciones de tales comunidades hacia ellos consistieron en excluirlos de las mismas y confinarlos en lugares desde los que tales fricciones fueran imposibles. Este y no otro es el origen del manicomio y de lo que Foucault designó “el gran encierro” al que se les sometió para que no interfirieran en los primeros – y fallidos – intentos de construir una sociedad basada en la Razón. Hoy, por fortuna, los psiquiatras pretendemos tratarlos de modo que la exclusión no sea necesaria y se haga posible la integración en la sociedad, porque creemos que contamos con remedios para lograrlo.

Puede que, hasta que encontremos remedios para erradicar el discurso de los “economistas” no nos quede más alternativa que excluir a quienes lo producen de nuestra vida social y confinarlos donde no puedan hacer daño.

No quisiera que se me entendiera mal: no pretendo decir que los “economistas” estén locos. Al revés creo que son responsables de sus actos y que, por tanto, habría que pedirles responsabilidades del mal que causan. Lo que me parece es que si queremos salir de la situación en la que su discurso nos ha metido, tendremos que partir de la base de que, dada la estructura del mismo, no es posible ni siquiera discutirlo: hay que detectarlo, para aislarlo, evitar que tenga efectos prácticos y a ser posible restablecer el discurso de la Razón.






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jueves, 25 de agosto de 2011

La economía sumergida se dispara con la crisis

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133888&titular=la-econom%EDa-sumergida-se-dispara-con-la-crisis-





Más de 4 millones de personas trabajan en España en la economía “irregular”, que supera el 24% del PIB

El Estatuto de los Trabajadores se asimila a una fortaleza. Intramuros, la fuerza laboral cuenta con alguna protección y ciertos derechos, aún en un marco de relaciones capitalistas. Fuera de las murallas, reinan la precariedad y la explotación de la mano de obra sin freno ni normas. Es el imperio de la economía sumergida. Aunque inherentes al modelo productivo vigente en el Estado español, las actividades llamadas “irregulares” o “informales” se han disparado en el actual contexto de crisis.

Un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) de junio de 2011 cifra la economía “no oficial” en España en el 24% del PIB (más de 4 millones de trabajadores realizan labores en “negro”, según este estudio). Sin embargo, los datos comprenden hasta 2008, es decir, coinciden con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la crisis. Sería necesaria, por lo tanto, una corrección al alza de las cifras debido a la recesión y habría que considerar además que, al ser una actividad que escapa al control oficial, se trabaja sobre todo con estimaciones.

Otra precisión. La economía sumergida tampoco es privativa ni mucho menos del Estado español. Ni es cierto el tópico que asocia economía “informal” a países de la periferia mundial. Un informe de la OSCE de junio de 2011 alerta de la proliferación de prácticas laborales fronterizas con el esclavismo. El caso reciente de 1.200 trabajadores agrícolas que laboraban en Nápoles en condiciones miserables, en una finca (más bien un campo de concentración) y vigilados por una milicia privada, muestra los extremos a los que pueden llegar la competencia salvaje y la carrera por la disminución de costes laborales en todo el mundo.

En el Estado español un análisis de la economía sumergida requiere considerar dos variables: los sectores económicos y el proceso productivo. Por sectores, las actividades “en negro” se centran en la clásica tríada compuesta por la agricultura, la construcción y la hostelería (muy vinculada al turismo); en menor medida, abarcan las industrias textil, del calzado, juguetera, el comercio minorista y las empleadas del hogar.

El segundo elemento que condiciona la economía sumergida –el proceso de producción- requiere la participación de pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, la aplicación de métodos de fragmentación y subcontratación en cadena. De este modo una gran empresa matriz, que controla todo el proceso, ejerce una presión vertical sobre las pequeñas empresas con el fin de fijar los precios y ahorrar costes (de paso consigue eliminar la resistencia sindical). El resultado de este modelo es la concentración del trabajo no declarado (economía sumergida) en los eslabones finales de la cadena, aunque no exclusivamente.

Por ejemplo, en el sector de la construcción el promotor de una obra puede subcontratar con una empresa de albañilería, que a su vez subcontrata con un caravistero, con un especialista en tabiquería inferior (que a su vez subcontrata con empresas del yeso y de canalizaciones), con otro en colocación de tejas y por último con un especialista en soldado y alicatado. Éste es un modelo sencillo, ya que en las grandes infraestructuras pueden registrarse más de 40 subcontrataciones. Pero la lógica es siempre la misma: el lucro máximo, la selección de las ofertas más baratas por parte de la empresa matriz y la precariedad máxima en los eslabones inferiores. Hasta la década de los 70 la gran empresa matriz se encargaba directamente de todos los trabajos.

La economía sumergida constituye para las empresas, en términos marxistas, un “ejército de reserva”, al igual que los parados. De hecho, cumplen la misma función: presionan a la baja los salarios y configuran una mano de obra abundante, dócil y barata, muy útil para las empresas en tiempos de crisis. Desempleados y trabajadores “irregulares” pueden, de hecho, intercambiar su situación con relativa facilidad. Forman parte de una misma realidad.

Según Héctor Illueca, inspector de trabajo, “existe una gran hipocresía respecto a la economía sumergida; desde una perspectiva capitalista, no representa en ningún caso un problema, al contrario, permite reestructurar las relaciones capital-trabajo en un contexto de crisis a favor de las empresas; por lo tanto, más que un problema es la solución para el capitalismo”.

¿Y para la clase trabajadora? Un artículo en el diario Público de la catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB, Miren Etxezarreta, responde a la cuestión: “Bastantes de los casi cinco millones de parados que existen logran sobrevivir por medio de trampear con trabajos irregulares en la economía sumergida; de hecho, muchos de los parados se mantienen formando parte de la misma. Mucho más teniendo en cuenta que más de 1,3 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro, que uno de cada tres parados lo es de larga duración, que el sector público está poniendo en práctica duros programas de ajuste y que se han eliminado prácticamente las ayudas para los que ya no tenían subsidio”. Sin contar con la deficiente salud laboral y el alto grado de siniestralidad que implica la economía “irregular”.

La inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado cerca de 150.000 actuaciones en el primer trimestre de 2011, de las que un 9% (13.528) han concluido en sanciones, en la mayoría de los casos, por la situación de trabajadores a los que no se había dado de alta en la seguridad social. Sólo dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Alicante, concentran –por su dependencia del turismo- el 20% del empleo no declarado. El perfil de trabajador “irregular” se ajusta básicamente a dos tipos: empleado inmigrante sin permiso de trabajo y trabajador nacional al que el empresario no da de alta en la Seguridad Social (o que realiza una actividad ordinaria en la empresa pero con la figura de “falso autónomo”).

Los inspectores han detectado casos como el de una docena de trabajadores inmigrantes que desarrollaban actividades en restaurantes y locutorios de Barcelona sin contrato ni cotización a la seguridad social, en empresas sin licencia de actividad o que la tenían para otro tipo de negocio. O el de 71 empleados inmigrantes en una finca de cítricos de Castellón que trabajaban por debajo del mínimo salarial establecido legalmente y a los que les facilitaron tres viviendas en las que vivían hacinados a cambio de 120 euros mensuales. En Elda (Alicante), la inspección constató en julio que en una empresa del calzado operaban 20 trabajadores sin contrato ni alta en la seguridad social, y a los que se les debía una mensualidad. Se trata de ejemplos que están a la orden del día.

En una coyuntura de depresión económica y con un deterioro progresivo de las relaciones laborales, ¿Cómo actúa el gobierno frente a la economía sumergida? “Con gran hipocresía, ya que no se pretende para nada atajar el problema”, asegura Héctor Illueca. El Decreto-Ley del 29 de abril aprobado por el ejecutivo a instancias de la UE establecía un plazo de tres meses para la regularización del empleo clandestino, es decir, una amnistía para las empresas que afloraran el trabajo “irregular”. El Decreto, del que aún se desconocen los resultados, ha suscitado muchas críticas ya que hace tabula rasa de las ilegalidades empresariales, aunque aumente las multas ante las situaciones de empleo “irregular”.

Pero el problema es de fondo. La economía sumergida en general y el Decreto gubernamental en particular, se asocian a las competencias del Ministerio de Trabajo. Es decir, se interpreta como un problema estricto de trabajo no declarado y ausencia de cotizaciones a la seguridad social. Pero la economía sumergida es, sobre todo, según Illueca, “un gigantesco y masivo fraude fiscal, que no se quiere abordar, porque supondría implementar una reforma impositiva que afectaría inevitablemente a los empresarios y a las grandes fortunas”.

El Informe de la Lucha contra el Fraude Fiscal que realizan los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) abunda precisamente en esta idea: trabajadores y pensionistas ganarían –según las declaraciones de IRPF- un 75% más que empresarios y profesionales liberales que, según este informe, presentan declaraciones con ingresos cercanos a los 1.000 euros o incluso por debajo de esta cantidad. Esto pone evidencia la existencia de un fraude “estructural y masivo”, concluyen los técnicos del Ministerio de Hacienda. Pero la reforma fiscal es uno de los grandes tabúes que bajo ningún concepto se quiere afrontar. Tienen muy claro que la crisis ha de cargarse sobre las espaldas de las clases populares.

Enric Llopis


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lunes, 22 de agosto de 2011

Eric Toussaint: “Esta crisis mundial va a durar una o dos décadas”

http://anticapitalistas.org/Eric-Toussaint-Esta-crisis-mundial


Pablo Waisberg , Eric Toussaint / Diario Buenos Aires Económico, 16/08/2011

“Los directores de los bancos centrales dijeron que la crisis estaba bajo control, pero mentían; esta crisis va a durar una o dos décadas”, sostuvo Eric Toussaint, politólogo y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. La predicción podría parecer temeraria, pero hace un año fue él quien aseguró ante este diario que en el Viejo Continente se vivía una “situación explosiva” y que la profundidad de los cambios económicos estaría en línea con la magnitud de esas explosiones.

Aunque aparecieron los “indignados” en España y Grecia, las vacaciones de verano actuaron como una válvula de escape, por lo que “la movilización social en Europa no alcanzó el nivel de diciembre del 2001 en la Argentina”, analizó Toussaint desde Ginebra.

¿Cuál es el nivel de la gravedad de esta crisis?

Es altísimo. Es claro que los comentaristas, los gobernantes y los medios de comunicación dominante y los directores de los bancos centrales, que afirmaron que la situación estaba bajo control, mentían de manera evidente. Estamos un poco en la situación de los años ’30: el crac fue en octubre del ’29 pero las bancarrotas bancarias se desataron en el ’33 y entre el ’29 y ’33 los dirigentes norteamericanos dijeron que todo estaba bajo control. Estamos en una crisis que va a durar una o dos décadas.

¿Cuáles son las causas?

Las medidas económicas tomadas por los gobiernos de Europa y los Estados Unidos en los últimos cuatro años. La crisis empezó en junio/julio del 2007 y tuvo un pico en el 2008 con Lehman Brothers, pero el golpe fuerte llegó a Europa en octubre del 2008. Luego los eslabones más débiles de la zona euro cayeron, empezando por Grecia, luego Irlanda, y hace unos meses Portugal. Ahora está por llegar a Italia y España y vuelve con fuerza a los Estados Unidos.

¿Es una crisis sistémica?

Es sistémica, pero no terminal. No hay crisis terminal del capitalismo per se. El capitalismo siempre ha atravesado crisis porque son parte de su metabolismo, pero su final será el resultado de la acción consciente de los pueblos y los gobiernos. Vamos a pasar por períodos de recesión, depresión, luego algún crecimiento y una nueva caída.

¿Por qué insisten con las tradicionales recetas de ajuste que no dieron resultado en el 2008?

Porque la resistencia a esas políticas es insuficiente.

¿Hay posibilidad de salir de esta crisis con otro tipo de políticas?

Podría ser una salida tipo Roosevelt con un mayor control del crédito y medidas de disciplina financiera para obligar a los bancos a separarse entre bancos de inversión y de ahorro. Además, una imposición más fuerte para los sectores de mayores ingresos con la consecuente mejora de las finanzas públicas y reducción de desigualdades. Aunque también podría haber una política más radical como nacionalizar el sector del bancario y renacionalizar sectores económicos que fueron privatizados en Europa y los Estados Unidos en los últimos treinta años. Esto junto con anular las deudas de Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España.

¿Ve posible alguna de esas dos salidas?

Todo depende de la movilización social, que en Europa no alcanzó el nivel de diciembre del 2001 de la Argentina. Sin hablar de los Estados Unidos, donde no hay grandes movilizaciones sociales sino más bien activismo de la derecha extrema con el Tea Party. Aunque me parece difícil pensar que en los Estados Unidos la población acepte que se profundice el neoliberalismo, por eso hay que ver cómo fue la crisis del ’30, donde las movilizaciones llegaron entre el ’35 y el ’36.



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sábado, 20 de agosto de 2011

Las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros al año

http://madrilonia.org/?p=4600


El fraude total, de cerca de 60.000 millones de €, es similar al gasto sanitario publico total

Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según el informe de ‘Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria’ elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe “consonancia” con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

“La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad”, reclamó Mollinedo.

En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

Casi cinco puntos menos que las microempresas

Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.

Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un “mayor esfuerzo” para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.

“Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude”, lamentó Gestha en un comunicado.



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viernes, 19 de agosto de 2011

Discriminación sindical e incumplimiento de la legislación laboral

http://anticapitalistas.org/Cuando-parece-que-no-queda-nada-la


Si algo no ha cambiado en tiempo de crisis, es que el despido por discriminación sindical sigue haciéndose efectivo.

El pasado 1 de agosto me comunicaron que estaba despedida porque mi rendimiento como profesora de lengua había disminuido y por lo tanto, mermaba la productividad de la Academia C&C de Granada. Muy lejos de la realidad, la razón real era que tiempo atrás la academia tenía a unos 20 trabajadores sin contrato.

Eso merecía una denuncia a la Inspección de Trabajo. Así lo hice. El resultado de la misma fueron dos contratos de trabajo y en mi caso con carácter indefinido y retroactivo desde octubre (fecha en la que entré a trabajar). En ese momento, no se hicieron más contratos indefinidos debido a que la Inspección de Trabajo prefirió mirar para otro lado pese a conocer la situación de irregularidad del resto de mis compañeros. Posteriormente, un comunicado en el que le hacía saber a la empresaria mi afiliación a CC.OO. y las sucesivas reclamaciones, mediante reuniones, como contratos para todos los trabajadores (además, esto era muy importante para poder promover unas elecciones sindicales), vacaciones, salario, eliminación de la cámara que con sonido grababa a los trabajadores, fueron razones suficientes para un despido supuestamente objetivo.

Que se cumpla tanto la legislación laboral como los derechos de los trabajadores sigue siendo una ardua tarea que los empresarios no están dispuestos a asumir y debemos ser los trabajadores lo que tomemos las riendas y no nos dejemos ni explotar ni oprimir. El incumplimiento sistemático que se produce en el mercado de trabajo en general y, en concreto en la academia en la que trabajo reporta grandes beneficios económicos a numerosos empresarios. Por otro lado, la Inspección de Trabajo y el Estado miran para otro lado. La crisis actual tampoco ayuda a mejorar esta grave situación de precariedad, que afecta en mayor medida a los jóvenes, al aumentar el miedo a perder el puesto de trabajo. Cuando parece que nadie hace nada por nosotros, la pregunta que me sigo haciendo es: ¿Qué pasaría si perdiéramos el miedo y defendiésemos lo que es nuestro? ¿Qué pasaría si entendemos que la mejor forma de defender nuestro puesto de trabajo es luchar por él junto a mis compañeros? No nos queda otra. Somos los trabajadores y trabajadoras los que tenemos que organizarnos y defender nuestro empleo, nuestro salario, nuestra libertad sindical. Entiendo el miedo que muchos trabajadores tienen, pero si otros lo han conseguido antes ¿Por qué no lo podemos volver a hacer?

A partir de ahora y una vez conocido el despido por parte de la dirección de la Academia C&C, la respuesta va a ser clara: vamos a iniciar una campaña tanto jurídica como de denuncia pública para conseguir la readmisión en mi puesto de trabajo. Demostrar otra vez más que la lucha sirve y que tenemos todo por ganar. De momento ya hemos iniciado el reparto de panfletos en las puertas del centro de trabajo, se ha convocado a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y personas que quieran colaborar individualmente para participar en un comité de apoyo y solidaridad, se están preparando varios miles de copias de un cartel y por supuesto, para principios de septiembre, vamos a convocar una concentración para hacerle “publicidad gratuita” a la Academia C&C y que todo el mundo conozca los abusos que están realizando.

- Por la readmisión.

- Por los derechos de los trabajadores.

- Por un contrato para todos.

- Por el cumplimiento del convenio colectivo.

- Por la libertad de organización de los trabajadores.

¡Esta batalla la vamos a ganar!


Ana Martínez, militante de IA-Granada y afiliada a CC.OO.



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jueves, 18 de agosto de 2011

Fuga de cerebros para servir hamburguesas

Fuente: http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011/londres-trabajas-mcdonalds-luego-contrata-goldman-20110615-80134.html

Te vas a Londres, trabajas en McDonalds y luego te contrata Goldman Sachs
Uno de los McDonalds de Nueva York, Estados Unidos
Esteban Hernández .- 15/06/2011 (06:00h)

Puede que nuestros cerebros estén en fuga, pero se van a otros países a fregar platos o a servir hamburguesas, no a trabajar en los pisos superiores de las oficinas de una gran empresa. Puede que tengamos mucho talento, pero nos contratan para barrer los suelos. Siendo cierto que cada vez más españoles, especialmente jóvenes recién titulados, intentan la aventura exterior dadas las dificultades para encontrar empleo en España, también lo es que el índice de fracasos es mayor de lo que aparenta.

La demanda de ingenieros en Alemania o de veterinarios o enfermeras en el Reino Unido es sólo una parte del mapa. Muchos jóvenes se pasan uno o dos años en Londres a base de trabajos no cualificados para pagarse el alquiler, y regresan a España con un nivel de inglés mayor pero sin haber visto una sola oportunidad de empleo digno. Y en otros países europeos las cosas no son tan diferentes, con lo que muchos titulados españoles terminan emprendiendo el regreso después de haber perdido un tiempo esperando un destino mejor.

Pero eso es algo lógico, asegura Carlos de la Pedraja profesor de Recursos Humanos de IE Business School. “¿Qué creen que va a pasar? ¿Te vas a Londres, te tiras varios meses trabajando en un McDonalds y luego te contratan Goldman Sachs o Morgan Stanley?” Para de la Pedraja, ese es un gran error que suelen cometer los licenciados españoles, que creen que con un título y sabiendo inglés van a poder acceder fuera a lo que no han podido conseguir aquí.

“Pero no es así. Más al contrario, las oportunidades pueden aparecer cuando estás dentro de una empresa española o de una multinacional en España y surge un proyecto internacional del que acabas formando parte. Pero irse por las buenas a buscarse la vida fuera no funciona casi nunca. Además, los lugares en los que contratan las grandes empresas para suelen ser muy restringidos, en general escuelas de negocios con masters especializados donde saben que van a encontrar gente con experiencia”. [...]

Según Paloma Bilbao, profesora de Gestión Empresarial de ICADE, hace 15 años si un titulado español poseía habilidades lingüísticas “era el rey del mambo en cualquier país de Europa. Hoy muchos acabarán trabajando en empleos que están muy por debajo de su cualificación”. Y eso fuera de nuestras fronteras. “Dado el nivel formativo, muchos titulados del este de Europa vienen aquí, aprenden español y en un pis pas están haciendo la competencia a nuestros nacionales”.

Para Gonzalo Sanz-Magallón, profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, se está viviendo un proceso de doble dirección que hace que convivan situaciones opuestas. “Dado que contamos con un sistema educativo muy heterogéneo, en el que hay familias que están dando educación a sus hijos impecable, con idiomas, y con formación técnica de primerísimo nivel, y en el que también hay centros educativos, universidades y colegios que fomentan un nivel medio de conocimientos y de idiomas. Pero, por debajo de ellos, aparecen muchos españoles que un pobre nivel de ortografía y de formación técnica”. Para Sanz-Magallón, el abanico de gente que llega a la universidad se ha abierto muchísimo y “te encuentras con personas que abarcan académicamente del uno al diez”.

Como es natural, la salida que van a encontrar en el mercado laboral unos y otros va a ser muy dispar, también en lo que se refiere al éxito en el proceso migratorio. “Está saliendo al extranjero gente muy preparada, que ha cursado titulaciones bilingües y que puede encontrar trabajo en Washington, Londres o Berlín. Sin embargo, quienes carecen de esa formación y no manejan bien los idiomas, están teniendo mucho más difícil encontrar un empleo dentro y fuera de nuestras fronteras”.

En esta dualización, que nos lleva hacia una minoría de personas que destacan y que encuentran oportunidades y una mayoría que tiene que lidiar con lo que encuentra, parece claro, asegura Sanz-Magallón, que España está perdiendo talento, y que lo perderá aún más en el futuro próximo. “La gente más brillante, que suele tener opciones de conseguir trabajo fuera, opta por marcharse. Antes, las oportunidades que tenían en España nuestros mejores talentos eran las mejores de Europa. Incluso atraíamos talento de otros países. Hoy es al contrario, y quien tiene la posibilidad sale de aquí”. Y aun siendo cierto que algunos de los que se marchan regresarán cuando las cosas nos empiecen a ir mejor, “el daño que está haciendo a nuestra economía esta fuga de cerebros es muy grande”, afirma Sanz-Magallón.

“Estamos perdiendo jóvenes muy bien preparados, con ambición y motivación, y eso lo pagaremos caro. Aun cuando sean una parte minoritaria de nuestros jóvenes, los que se están marchando son la élite, y quienes mueven la economía son precisamente ellos. Son los líderes los que crean empresas y quienes consiguen que sean más competitivas. Hay que tener en cuenta que la economía la mueven siempre unos pocos, y el resto va a rebufo, se convierten en funcionarios o en lo que sea. Por eso, si perdemos un 30-40% de esa generación, perdemos muchísimo”.

Para de la Pedraja, por el contrario, hay mucha retórica alrededor de la fuga de talentos. “En tanto hay menos oportunidades de trabajo en España para los jóvenes que en el resto de Europa (tenemos el paro más alto de toda la zona euro) es lógico que mucha gente trate de buscar empleo en otros lugares, pero eso no significa que lo consigan. Hay que ver cuán real es esa oportunidad en el exterior y cuánto nos valoran de verdad”. Según de la Pedraja, la fuga de talento puede estar dándose, pero no respecto de los recién titulados, sino “respecto de esas personas cualificadas y con experiencia que buscan una proyección profesional en las empresas españolas (o en las filiales españolas de empresas multinacionales), se dan cuenta de las espectaculares barreras que van a encontrar aquí y acaban marchándose a un proyecto internacional en el que podrán crecer. Pero salvo en ese estrato, la fuga de cerebros es algo irreal”.

A pesar de ello, y de que las cosas no están fáciles, de la Pedraja no cree que tengamos la guerra perdida. “Estamos en un momento difícil, del que podemos salir si entendemos que la formación es diferencial. Años atrás, acababas la universidad y con ese título podías tener alguna opción, pero hoy no te diferencia para nada. Se ha de buscar más formación, y cuanto más adaptada al mercado real mejor que mejor”. En este sentido, de la Pedraja insiste en la creciente importancia que han cobrado las habilidades soft. “Antes se quería gente con más formación técnica, hoy se prefiere a quienes han sabido desarrollar otro tipo de cualidades, y cuyo talento tiene que ver con saber aprender y saber adaptarse cuanto antes a un entorno siempre cambiante”. Por eso, asegura, el mejor consejo que se puede dar a esos jóvenes con talento “es que, encuentren o no trabajo, sigan formándose. Hoy se necesita toda la cualificación profesional posible”.


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martes, 16 de agosto de 2011

La condena del contrato a tiempo parcial

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133869&titular=la-condena-del-contrato-a-tiempo-parcial-


La reforma de la configuración normativa del contrato a tiempo parcial se ha convertido en una especie de mantra para los gobiernos neoliberales, tanto del PSOE como del PP, en nuestro país en las últimas décadas. Y es que, una reforma laboral tras otra, casi siempre se han incluido determinadas modificaciones de esta forma contractual sin lograr nunca el gran objetivo de incrementar el porcentaje de contratos a tiempo parcial firmados.

La razón de esta obsesión de nuestros gobiernos, e incluso de los agentes económicos y sociales, por aumentar los contratos a tiempo parcial reside en el diferencial porcentual de su utilización con respecto a la Unión Europea (14% en España, frente al 26% de media en la UE). De esta forma se suele concluir, de forma realmente simplista, que una buena medida para acercar las tasas de empleo entre nuestro país y la UE, sería igualar los niveles de contratos a tiempo parcial.

Siguiendo este razonamiento el Gobierno de Zapatero-Rubalcaba vuelve a proponer la enésima reforma de este contrato, insistiendo primero, en la falacia conservadora que indica que los problemas de empleo pueden resolverse desde la modificación de la normativa sobre las relaciones laborales y no, incidiendo, desde la intervención pública, en la estructura económica y social del país para crear empleo, que es lo que debería hacerse y los mercados impiden. Y, en segundo lugar, insiste en arador los derechos de los trabajadores con medidas claramente regresivas que se acumularían a la última reforma laboral, de la negociación colectiva o de las pensiones... suma y sigue.



Básicamente la modificación propuesta supone otorgar arbitrariamente al empresario la posibilidad de disponer unilateral mente del 10% de la jornada de cada trabajador a tiempo parcial, en cuanto a si se presta o no el trabajo, qué días y en qué horarios, prácticamente sin garantías de ningún tipo.

Esto significa que cuando el trabajador firma su contrato desconoce, en un porcentaje significativo, cual va a ser su jornada laboral efectiva, cual va a ser su salario real, y cual va a ser su horario de trabajo. O, lo que es lo mismo, significa una enorme inestabilidad, precariedad e indefensión del trabajador frente al empresario. Significa también eliminar, de facto, la prohibición de realización de horas extraordinarias que el Estatuto de los Trabajadores determina para los trabajadores a tiempo parcial, con el añadido de que estas “horas extra” serán siempre pagadas a precio ordinario, y además serán obligatorias.

No es raro, por lo tanto, que los sindicatos hayan criticado rápidamente la propuesta, aunque, algunos echemos en falta más firmeza en la crítica, ya que retrocesos en derechos tan graves como los planteados ni siquiera deberían plantearse como sujetos a negociación (en el diálogo social o en la negociación colectiva).

Estamos a tiempo de frenar esta reforma que no va a mejorar la estructura del empleo y sólo serviría para llevar a cabo una curiosa forma de reparto del trabajo desde la precariedad. No en vano, el contrato a tiempo parcial se concentra en nuestro país en sectores especialmente precarios como las empleadas de hogar o la hostelería, y el salario medio por hora de estos trabajadores es un 32% inferior a los de tiempo completo (encuesta de estructura salarial. INE). Y es que en nuestro país el contrato a tiempo parcial, lejos de ser una opción para el trabajador, resulta más una auténtica condena.



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lunes, 15 de agosto de 2011

Crisis capitalista y dualización social

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133998



a) El derrumbe de la explicación meritocrática

¿Por qué un temporero inmigrante gana 15 € diarios (en una jornada de 12 horas de trabajo de recolección de cítricos) y los cabos, casi todos de origen nacional, cuadriplican su salario? ¿Por qué un profesor extranjero no puede acceder ni participar en pie de igualdad con profesores locales en las instituciones educativas, a pesar que en ocasiones disponen de una trayectoria institucional más relevante y unos perfiles intelectuales comparativamente mejores? ¿Qué lugar tienen los diversos profesionales procedentes de diferentes regiones del mundo en el mapa económico de España, incluyendo las administraciones públicas y los órganos sindicales? ¿Por qué la mayoría de las grandes cadenas comerciales no contratan a inmigrantes en general o les reservan puestos de trabajo de baja cualificación? ¿Qué porcentaje de directivos de procedencia extranjera hay en las empresas españolas? ¿Cuál es la tasa de temporalidad comparativa entre autóctonos y extranjeros? En suma, ¿por qué el mercado laboral español plantea una desigualdad radical entre trabajadores locales y trabajadores inmigrantes (cualificados o no), incluyendo las diferencias salariales en puestos de trabajo similares?

Partiendo de la premisa de que existen múltiples formas de discriminación, incluyendo la «discriminación múltiple» (p.e. una mujer musulmana de procedencia africana mayor a 45 años), señalemos que además de la segregación por motivos de raza, etnia o nacionalidad, se plantean otras formas discriminatorias por género, edad, clase u orientación sexual. Es claro que esas otras formas siguen vigentes y consolidadas en los mercados laborales, aunque en este trabajo me contentaré con distinguir entre población local y extranjera para mostrar la clara desigualdad existente entre ambos.

No se trata, por supuesto, de una afirmación novedosa, pero es parte de nuestra tarea crítica documentar estas asimetrías que ponen radicalmente en cuestión la apertura política de la globalización capitalista y la injusticia que gobierna las relaciones sociales y económicas actuales. La labor de cuestionamiento de nuestra realidad histórico-social no tiene su justificación en una supuesta “originalidad” autoral (una búsqueda bastante repetida por cierto), sino en la convicción de que sólo un trabajo técnico pormenorizado puede desmontar las falacias conceptuales que contribuyen a sostener dicha realidad, entre otras cuestiones, por el desempeño de una intelligentia tecnocrática. Avancemos, pues, en esa dirección.

A los efectos de dar cuenta de la desigualdad laboral suele invocarse con frecuencia la «explicación meritocrática»: las diferencias en las condiciones de trabajo responderían tanto a una cuestión de competencias y formación («aptitudes») como a una cuestión de disposición para el trabajo («actitudes»). Si las diferencias aptitudinales ameritarían una desigualdad salarial, por su parte, las diferencias actitudinales (el “esfuerzo” efectuado por cada quien para “conseguir algo en la vida”) justificarían la desigualdad en el acceso a puestos jerárquicos de trabajo. La movilidad ascendente, disponible para todos, sólo estaría dada para aquellos dispuestos a “competir duro” por el logro de sus objetivos en el mundo laboral. Si los inmigrantes no ocupan puestos de mayor responsabilidad y jerarquía sería, según esta perspectiva, por su “retraso cultural” (cuando no su “incultura”), su “falta de formación” (si no de “educación”) y, tampoco faltan variantes que avanzan hasta invocar “pereza crónica” y la correlativa incapacidad de asumir “grandes responsabilidades” por parte de los (in)migrantes. Por supuesto, esta explicación se retacea a sí misma para no resultar inverosímil y grotesca. Se invocará de forma parcial pero, en general, se mantendrá el principio de mérito que justifica las desigualdades económicas en nombre de un diferencial de esfuerzo, tenacidad y cualificación en condiciones de partida presuntamente igualitarias.

No es preciso hacer una contrastación empírica rigurosa para saber que dicha explicación se desploma no bien se comprueba la existencia de empleos idénticos en una misma empresa que varían su salario según la condición del empleado, así como en las promociones o ascensos laborales, inclinados favorablemente hacia los empleados locales. Invocar un diferencial de esfuerzos se parece al discurso de algunos líderes políticos que quieren explicar las asimetrías de poder político-económico de los países-miembro de la Unión Europea sosteniendo que algunas naciones (las del Sur) tienen que hacer mejor los deberes (reducir salarios, recortar derechos y mejorar la productividad) para parecerse a las del esmerado Norte. O, para introducir una perspectiva histórica, dicha explicación podría con ironía retrotraerse a las leyendas sobre la “displicencia” de los indígenas con que los conquistadores justificaban su sometimiento, mientras apuraban con trabajos forzosos el expolio.

Me abstendré de ahondar en esas direcciones. El desplazamiento migratorio por factores económicos ya es una muestra suficiente para acreditar la voluntad de trabajo de esa masa marginal que, con frecuencia, es arrojada fuera de sus contextos geográficos en busca de oportunidades laborales. La cuestión, sin embargo, no se resuelve ahí. También podría invocarse la tasa de actividad de personas extranjeras (en proporción, significativamente superior a la autóctona). No seremos nosotros quienes se refugien en una nebulosa intencionalidad para determinar los factores de este diferencial.

b) La discriminación en cifras

El punto más crucial para rebatir esta perspectiva es el análisis comparativo de cualificación. Según datos aportados por el INEM, la formación de la población inmigrante es similar a la de la población local. Que el propio sistema estadístico oficial sea quien elabore estos datos evita cualquier sospecha de un enfoque sesgado de la cuestión (al menos, de un enfoque especialmente favorable ante los fenómenos inmigratorios). Dicho lo cual, es claro que la diferencia porcentual de más de un 13% entre parados locales y extranjeros (1) no responde a problemas de «empleabilidad», sino a una clara preferencia por los trabajadores locales, que sufren en menor medida los efectos del paro. Asimismo, también sabemos que alrededor del 80 % de los trabajadores extranjeros está ocupado en 6 sectores de la economía de baja cualificación (hostelería, servicio doméstico, comercio minorista, agricultura, industria y construcción). Ya hemos señalado que dicho confinamiento sectorial no obedece a problemas formativos, sino lisa y llanamente a la discriminación directa e indirecta que sufren estos colectivos.

En síntesis, tanto por el mayor porcentaje de parados (la tasa de paro entre inmigrantes es del 32 %), por los puestos de trabajo que ocupan dichos trabajadores (empleos subcualificados y de baja cualificación), por la alta temporalidad de su inserción y por el nivel de retribución, muestran una discriminación flagrante, relativamente conocida y que, sin embargo, no suscita mayor escándalo. La conclusión no puede ser otra: en el mercado laboral español se ha naturalizado la sobreexplotación de los inmigrantes (un plus a la ya deplorable explotación laboral de los trabajadores locales) y, con ello, se suma una variante más de la discriminación laboral que sepulta cualquier idea de «igualdad» material en el acceso a oportunidades laborales.

Aunque la información proporcionada es una prueba suficiente para hablar de discriminación laboral entre trabajadores locales y extranjeros, el problema es demasiado grave para no hacer un esfuerzo adicional para documentar la situación. Prosigamos, entonces, con otros datos relevantes, aportados por el “Informe de inmigración y mercado laboral 2010” (2). La población trabajadora inmigrada tiene tasas de temporalidad “muy superiores” (pág. 19) a las de la población autóctona. “Al finalizar 2009, la tasa de paro para el conjunto de la población fue del 18,8%, pero para los españoles fue del 16,8% y para los extranjeros del 29,7%.” (pág. 156).

No obstante la crisis económica, en los trabajadores españoles no se ha interrumpido el proceso de movilidad ascendente, mientras que en el caso de los inmigrantes no están beneficiados en las mejoras en su distribución por categorías (pág. 158). A pesar de los prejuicios que enfatizan la condición amenazante del trabajador inmigrante con respecto a los españoles, no ha habido sustitución de los segundos por los primeros: “En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros” (pág. 158).

Hasta en el último informe anual se señala este agujero negro: “Apenas existen estudios que hayan determinado con rigor la discriminación que sufren los trabajadores extranjeros en el mercado laboral, pero hay indicios claros de que tal discriminación existe. Por el momento, la discriminación no ha merecido una atención especial en el proceso de inserción laboral de la población inmigrada, porque la simple legalización de tal inserción ha sido prioritaria. Ahora, sin embargo, combatir la discriminación es ya asunto inaplazable y ello demanda, en primer lugar, cierto aprendizaje para detectarla y calibrarla. La lucha contra la discriminación requiere una vigilancia específica que comienza por el acceso al trabajo, asegurando que se cumple el principio de igualdad de oportunidades y sigue con las condiciones laborales y los procesos de promoción interna en las empresas. La discriminación en algunos casos puede ser burda, pero en otros es muy sutil, y es por ello por lo que no puede ser detectada ni corregida sin mecanismos específicos establecidos a tal efecto” (pág. 160).

En esa escasez de estudios al respecto, habría que remontarse más de una década para hallar algún informe pionero, en el que se hacía un relevamiento empírico del campo empresarial español, como es el caso de La discriminación laboral a los trabajadores inmigrantes en España, del Colectivo IOE: M. Angel de Prada, W. Actis, C. Pereda y R. Pérez Molina (3). Lamentablemente, su información está desactualizada y no contamos con ningún estudio similar en el presente. Sólo indirectamente podemos inferir que la “discriminación de intensidad notable” (sic) que detectaban los investigadores con respecto al colectivo de marroquíes (la población estudiada) no sólo no ha desaparecido, sino que se ha agravado.

Aunque la discriminación laboral por motivos de raza, etnia o nacionalidad se trata de un hecho probado, es difícil prever si el estado español desarrollará planes específicos para corregir estas tendencias negativas, más allá del “Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación” (pendiente de aprobación), tan necesario como insuficiente. El giro hacia la derecha del gobierno español y la inminente consolidación del neoconservadurismo como formación hegemónica permiten anticipar un pronóstico negativo: es probable que la discriminación laboral en los próximos años se agudice, al punto de hacerse endémica, sin avances significativos en la «gestión de la diversidad» dentro de las empresas y las instituciones en general.

c) Discriminación y capitalismo

Paradójicamente, aunque el ciclo migratorio ha cambiado (su ritmo no sólo se ha desacelerado notablemente y puede producirse un saldo negativo en los próximos años, como ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas) la ola xenófoba y racista ha aumentado en los últimos tres años (4). A esa ola ha contribuido el propio estado español (entre otras cuestiones, criminalizando a los inmigrantes irregulares, restringiendo con cierta discrecionalidad legal el acceso y permanencia a trabajadores regulares, taponando los mecanismos de regularización y asilo y, en general, invisibilizando el problema del racismo y la xenofobia). No obstante lo dicho, sería apresurado suponer que la discriminación opera de forma indiscriminada en las estructuras del estado. Antes que un rechazo general a los trabajadores inmigrantes, sus políticas han optado por mecanismos selectivos (p.e. la tarjeta azul) que permitan discriminar categorías de trabajadores requeridos de otras consideradas prescindibles, en previsión a las necesidades instrumentales de mano de obra, sostenibilidad de la seguridad social, ingresos fiscales y crecimiento demográfico, entre otras razones.

La resultante de esta combinación explosiva de crisis económica, cultura hegemónica crecientemente xenófoba y racista y políticas de estado restrictivas es la producción de un proletariado periférico que atiende -a bajo costo y con derechos mermados- las demandas fluctuantes del sistema productivo, sin el más mínimo respeto de un principio de igualdad y trato no discriminatorio. Trabajos de mala calidad, mal remunerados, de baja cualificación (habitualmente, subcualificados según los perfiles competenciales de los trabajadores), sin posibilidades reales de promoción y con alta temporalidad son las características de los puestos laborales que se ofertan a inmigrantes desde el mercado. Ni siquiera el desaprovechamiento de sus capacidades por parte del sistema productivo ha frenado esta práctica de trato desfavorable a una parte de la población residente en el país, presuntamente ciudadanos de pleno derecho pero tratados en verdad como ciudadanos de segunda mano. No debería sorprender la aparición más o menos mediata de brotes de indignación de colectivos específicos: son producto de una inclusión subordinada y precarizada en el mercado laboral, cuando no directamente de la exclusión del sistema económico, facilitada en cierta medida, por la utilización generalizada de tecnologías de la producción.

En última instancia, no se trata de un problema local. La discriminación abierta y encubierta es, en verdad, propiciada por la “mano invisible” de los mercados capitalistas que, a fuerza de desregulación, tiene vía libre para explotar a mano de obra más vulnerable y apostar por una reducción salarial general. Puesto que no media regulación suficiente al respecto, la inmigración laboral constituye fuerza sobre-explotable (habida cuenta de la explotación habitual de los trabajadores, cualquiera sea su origen) y por otro, usada como chivo expiatorio de la crisis, poniendo a distancia la responsabilidad de las empresas en el propio estancamiento económico. Responsabilizar al eslabón más débil de la cadena de producción tiene sus beneficios secundarios: no enfrentarse con aquellos agentes más poderosos de los que depende, en cierta medida, la propia subsistencia. Para establecer un símil, la situación es similar a cuando se acusa a una mujer maltratada de ser la responsable de su maltrato. Si bien el menosprecio hacia los sujetos más vulnerables no es sino una renegación de la situación temida para sí mismo, además de confundir el blanco, prepara las condiciones para la expansión de una práctica de cuño totalitario.

En síntesis, aunque podría leerse un cierto “cosmopolitismo del capital”, siempre y cuando sea funcional a su propia rentabilidad, por otra parte no debería llamarnos a engaño: la discriminación interna al mercado es garante de salarios bajos y de procesos de precarización laboral que reducen costos a fuerza de incrementar el malestar colectivo. La contratación de trabajadores inmigrantes no sólo presiona para una caída salarial general, sino también para el deterioro de las condiciones de trabajo en su conjunto. Tal como Marx señaló, los parados constituyen un “ejército de reserva” que limita los niveles salariales y, como tal, son condición de existencia de la producción de plusvalía. Como complemento, un “ejército de irregulares” participa en la economía sumergida o en los sectores más precarios de la economía formal, posibilitando la vulneración absoluta o relativa, respectivamente, de derechos laborales básicos y consolidando el disciplinamiento del nuevo proletariado fragmentado. Es necesario insistir en el punto: lo que en este contexto de «metamorfosis del trabajo» (5) está en juego no es sólo la posibilidad real de negociación colectiva, sino la calidad misma del trabajo. La degradación en ese mundo, desde luego, es inseparable al deterioro de las condiciones sociales de vida, lo que no deja de ser una razón de más para consolidar unas luchas políticas y unas resistencias colectivas.

Aunque se suela invocar la crisis como factor central de la discriminación, dicha percepción es errada: esta práctica discriminatoria claramente le preexiste y la crisis no ha hecho más que agudizarla. Se trata de una perversión intrínseca al capitalismo: sin discriminación, esto es, sin construir categorías socioeconómicas que sostengan la desigualdad efectiva entre trabajadores, la relación de fuerzas entre clases tendería a equilibrarse (en términos relativos) y las exigencias colectivas podrían estructurarse con mayor eficacia. Desde una perspectiva extraeconómica, el antagonismo entre trabajadores locales y extranjeros quiebra el mutuo reconocimiento necesario para construir unos intereses y demandas comunes, esto es, una (com)unidad de lucha. Sin esa unidad estratégicamente construida, el antagonismo con las clases dominantes queda, si no desactivado, sí al menos desenfocado.

Si por un lado la globalización capitalista garantiza flujos desregulados de capital, por otro, regula fuertemente los movimientos migratorios, en concordancia a las necesidades del capital trasnacionalizado (lo que equivale a decir: según sus territorializaciones y desterritorializaciones continuas). La dualización entre trabajadores extranjeros y locales forma parte de una estratificación social más vasta que el capitalismo produce entre trabajadores diferentes. En última instancia, es un movimiento complementario de la tendencia a la concentración monopólica: si por una parte el sistema procede por concentración (de capital), por otra parte, necesita operar por dispersión o división (de la fuerza de trabajo). En ese escenario, no cabe descartar en absoluto la producción de un excedente de mano de obra técnicamente prescindible, tanto desde la perspectiva de la producción como del consumo (habida cuenta de su ínfima participación en el mismo). Dicho de forma brutal: el capitalismo, en esta fase, produce un «sobrante» estructural de personas que son condenadas a la marginación social. Ni siquiera las requiere como recambio social a una de por sí amplia clase trabajadora que busca en la formación técnica el paracaídas que ralentice la caída o, en otras palabras, el desarrollo de competencias que disminuya los riesgos de la precarización laboral. En esta dimensión de la problemática, aunque a menudo el miedo al paro termine significando esta disyuntiva como primaria, no nos enfrentamos a la simple alternativa entre trabajo y no-trabajo sino a algo mucho más complejo y difícil: la reconstitución del «trabajo» reducido a «empleo», más o menos inestable y precario, vaciado de cualquier significación vital estructurante. Semejante metamorfosis, desde luego, requiere una elucidación independiente y desborda la reflexión aquí acotada a ciertas formas de discriminación laboral.

En cualquier caso, las crisis sistémicas forman parte del ciclo económico del capitalismo: construir categorías –trabajo intelectual y manual, cualificado y no cualificado, fijo y temporal, jerárquico o subordinado, etc.-, esto es, discriminar según criterios identitarios, forma parte de sus técnicas de dominación de una fuerza de trabajo que no está asegurada de por sí y que produce resistencias más o menos articuladas, según cambiantes relaciones de poder. No por azar la retórica de la «productividad» impregna los discursos empresariales y gubernamentales, como un modo de aumentar la rentabilidad y construir mecanismos de distinción entre los trabajadores categorizados. Pero precisamente porque detrás de esa fuerza lo que hay son sujetos humanos concretos, con sus añoranzas y su sufrimiento, es nuestra tarea cuestionar de raíz las estructuras colectivas e institucionales que sostienen y reproducen las desigualdades en aumento.

Notas

(1) Me remito a los últimos datos de la EPA:

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0211.pdf

(2) Dicho informe puede consultarse en:

http://extranjeros.mtin.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/Inmigracion__Mercado_de_Trabajo_OPI25.pdf

(3) Dicho informe puede consultarse aquí:

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp09s.pdf

(4) Para esta cuestión, remito al artículo donde me ocupé de esta cuestión: http://www.tendencias21.net/inmi/Operacion-borrado-quien-da-cuenta-del-racismo-y-la-xenofobia-en-Espana_a4.html

(5) Los trabajos de André Gorz (La metamorfosis del trabajo, Sistema, Madrid, 1997) y Benjamin Coriat (El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa, Siglo XXI, Madrid, 1993) resultan especialmente esclarecedores al respecto.



Arturo Borra


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