La crisis está generando efectos muy desiguales según los segmentos
de población asalariada. Las diferencias son muy evidentes en los
sectores más cercanos al desencadenamiento de las perturbaciones
financieras que han desembocado en la mayor pérdida de bienestar desde
la Gran Depresión, a uno y otro lado del Atlántico. Quiebras bancarias
han coexistido con remuneraciones multimillonarias de directivos de las
entidades que, en no pocos casos, han recibido transferencias de dinero
público. El abaratamiento del despido coexiste con sofisticados sistemas
de remuneración y de incentivos a directivos que no han penalizado
precisamente en todos los casos los pésimos resultados de las empresas.
Esas desigualdades en la compensación del trabajo no son exclusivas del sector financiero y tampoco son recientes. Diversos estudios, incluidos los elaborados por la OCDE, han ilustrado suficientemente la ampliación de la desigualdad en la distribución de la renta en las tres últimas décadas. Una de las razones que lo explican es la ampliación de la brecha en el seno de las rentas generadas por el trabajo. La distinta cualificación ayuda a explicar las diferencias, pero en modo alguno de forma completa. Aquellos que ocupan puestos de dirección en las empresas consideradas grandes han aprovechado su posición para atribuirse unas rentas crecientemente distanciadas de los promedios de sus propias empresas. En algunas economías, la española entre ellas, los directivos de empresas cotizadas en los mercados de acciones han ido multiplicando por un factor cada vez mayor la remuneración media de sus propias empresas. El crecimiento de las rentas de los directivos ha sido superior al del valor añadido de las empresas y, por tanto, también se ha distanciado de la evolución de la riqueza media de sus accionistas. Aquellos, además, tampoco son los que, en términos proporcionales a la renta percibida y a la riqueza acumulada, soportan mayores cargas fiscales. Las posibilidades de minimizar las contribuciones tributarias son superiores en las rentas altas que en el resto de los ciudadanos.
El divorcio entre la propiedad y el control de las empresas se ha traducido en un creciente beneficio de los que ejercen el control a expensas de los propios accionistas y de la mayoría de los trabajadores. No es de extrañar, por tanto, que una de las consecuencias más inquietantes de esa situación sea el creciente grado de desconfianza, de distanciamiento, de la mayoría de los ciudadanos de las instituciones económicas, públicas y privadas. Esa desafección no se está viendo atenuada precisamente durante la gestión de la crisis económica y financiera.
La manifestación más inmediata de esos diferentes destinos de los trabajadores por cuenta ajena es el creciente contingente de desempleo en la mayoría de las economías desarrolladas. También la española es un caso destacado. No solo porque sea más elevado el número de parados, sino porque una porción creciente de ellos pasarán a engrosar ese componente de desempleo estructural que los colocará en situaciones próximas a la indigencia en no pocos casos. Son razones para que las autoridades aborden de forma urgente la corrección de unos sistemas de compensación, dinerarios y en especie, que desde hace tiempo resultan ofensivos para la mayoría social que soporta la recesión.
Esas desigualdades en la compensación del trabajo no son exclusivas del sector financiero y tampoco son recientes. Diversos estudios, incluidos los elaborados por la OCDE, han ilustrado suficientemente la ampliación de la desigualdad en la distribución de la renta en las tres últimas décadas. Una de las razones que lo explican es la ampliación de la brecha en el seno de las rentas generadas por el trabajo. La distinta cualificación ayuda a explicar las diferencias, pero en modo alguno de forma completa. Aquellos que ocupan puestos de dirección en las empresas consideradas grandes han aprovechado su posición para atribuirse unas rentas crecientemente distanciadas de los promedios de sus propias empresas. En algunas economías, la española entre ellas, los directivos de empresas cotizadas en los mercados de acciones han ido multiplicando por un factor cada vez mayor la remuneración media de sus propias empresas. El crecimiento de las rentas de los directivos ha sido superior al del valor añadido de las empresas y, por tanto, también se ha distanciado de la evolución de la riqueza media de sus accionistas. Aquellos, además, tampoco son los que, en términos proporcionales a la renta percibida y a la riqueza acumulada, soportan mayores cargas fiscales. Las posibilidades de minimizar las contribuciones tributarias son superiores en las rentas altas que en el resto de los ciudadanos.
El divorcio entre la propiedad y el control de las empresas se ha traducido en un creciente beneficio de los que ejercen el control a expensas de los propios accionistas y de la mayoría de los trabajadores. No es de extrañar, por tanto, que una de las consecuencias más inquietantes de esa situación sea el creciente grado de desconfianza, de distanciamiento, de la mayoría de los ciudadanos de las instituciones económicas, públicas y privadas. Esa desafección no se está viendo atenuada precisamente durante la gestión de la crisis económica y financiera.
La manifestación más inmediata de esos diferentes destinos de los trabajadores por cuenta ajena es el creciente contingente de desempleo en la mayoría de las economías desarrolladas. También la española es un caso destacado. No solo porque sea más elevado el número de parados, sino porque una porción creciente de ellos pasarán a engrosar ese componente de desempleo estructural que los colocará en situaciones próximas a la indigencia en no pocos casos. Son razones para que las autoridades aborden de forma urgente la corrección de unos sistemas de compensación, dinerarios y en especie, que desde hace tiempo resultan ofensivos para la mayoría social que soporta la recesión.
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